La historia de Paola y su hijo, de Victoria, es idéntica a la de cientos de madres desesperadas y sin respuestas por la situación de sus hijos presos de las adicciones, que roban y hasta las golpean. En la ciudad de Victoria, el chico de 17 años es detenido a cada rato por la Policía, interviene el Copnaf, vuelve a su casa, pero nadie puede contenerlo. Hasta golpea y amenaza a sus familiares. “Estoy desesperada, quiero que el juez haga algo”, clama Paola. El juez de Familia, Eduardo Lloveras, habló del procedimiento para internaciones de menores, de la nueva Ley de Salud Mental y de la responsabilidad en estos casos de los efectores de salud.
La situación explotó el fin de semana pasado, cuando el adolescente tuvo intervención en tres hechos delictivos: el sábado a las 6 se metió a una casa, con otro menor de 15 años, robaron y saltaron por la ventana y los detuvo la Policía. Una hora después el Copnaf los llevó a su casa, pero el hijo de Paola se metió a la casa de su tía, la amenazó de muerte al querer llevarle algunos electrodomésticos, fue detenido y trasladado a la Jefatura y puesto a disposición del Copnaf. Al día siguiente le robó a la madre un televisor y salió a venderlo. Unas horas después le robó el lavarropas a su mamá y una persona se lo llevó en su auto.
En diálogo con el periodista Sergio Retamal de Radio Victoria, Paola dijo: “Estoy angustiada, no se qué hacer, fui al Juzgado de Familia, de ahí me mandaron a Tribunales, y al Juzgado de Familia otra vez. Mi hijo hace desastres en todos lados, tiene 17 años, viene desde los 12, 13 años con adicciones. Antes era cigarrillo, después empezó con el faso, después con pastillas y desde el año pasado inhala gas y nafta. Yo hace seis meses me fui de mi casa, me golpeaba y no sé qué hacer y la Justicia no hace nada. Le agradezco a la Policía porque ellos muchas veces me ayudaron. Estoy desesperada, quiero que el juez haga algo, lo único que tiene que hacer es poner una firma para internarlo, porque un día de estos va a matar a alguien. Me puso un cuchillo en la garganta porque no le quise prestar la moto para ir a vender un colchón”.
“No quiere saber nada de ir a la escuela, no respeta a nadie, a la Policía, a la abuela, a la tía, a mí, yo fui a llevarle la comida al mediodía y me encuentro con que me faltaba el lavarropas también. Al televisor me lo encontraron los policías de Investigaciones. Lo que encuentra lo vende”, contó la mujer entre llantos. Por esto, también pidió: “A la gente que compra cosas robadas, que no lo haga”.
Consultada acerca de las indicaciones del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Paola dijo: “Lo mandan al psicólogo ¿pero cómo hago para llevarlo? Pido urgente que lo deriven a un lugar. Fui a hablar al Juzgado y a la Fiscalía, me atendió una chica y me dijo que tengo que seguir haciendo denuncias, pero ¿qué voy a esperar? ¿Que mate a alguien? ¿o que lo maten a él?”.
“Quiero que me den una respuesta por favor, porque esto va a seguir. Tengo miedo y tiemblo cada vez que lo veo así. Es desesperante porque no sabes qué hacer. No puedo dormir ni descansar tranquila. Yo leí los comentarios de la gente, que hay que pegarle un tiro y tirarlo al río, que hay que matarlo, cortarle los dedos, pero una como mamá no sabe qué hacer, que se pongan en el lugar de uno”, expresó la mujer.
“Hicimos todo lo que pudimos, y él quiere más y ahora tiene toda la mala junta y no se si lo voy a controlar porque la Policía me dice ‘señora en cualquier momento se lo van a matar a su hijo, nosotros no podemos hacer nada’. Se escapa del hospital, la verdad que es desesperante, creo que hay muchas madres que están pasando por lo mismo, pero le digo al juez que por favor, que tome cartas en el asunto y haga algo”, agregó.
Por último, Paola contó: “En el hospital me mandan a sacar turno con el psiquiatra, con el psicólogo, y mientras tanto ni siquiera sé dónde está. Tiene prohibición de acercamiento a la casa de mi pareja, pero si está drogado va a venir igual, no mide consecuencia, no le tiene miedo a la Policía, a nadie”.
“Es una pandemia”
El juez de Familia de Victoria, Eduardo Lloveras, también habló en Radio Victoria, acerca de este tipo de situaciones, sin precisar en el caso particular del hijo de Paola, ya que no pude ventilar la situación de un menor.
“Cuando se produce el delito por parte de menores, la Investigación Penal Preparatoria queda a cargo de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías. Si esa causa llega a juicio tengo que dictar la sentencia correspondiente, solo sería juez de sentencia en las causas de menores. En lo que sí también tengo injerencia es en las medidas tutelares, cuando un menor comete un delito, se da aviso formalmente al Copnaf para que tome las medidas para que evitar que ese menor vuelva a delinquir, ver si tiene derechos vulnerados, qué plan de acción se puede formular para un abordaje general, con la familia, y tomar las medidas del caso. Y si se ve que hay una cuestión de adicciones, es un tema que depende del área de Salud Mental”, explicó Lloveras.
“Es muy común que la gente no solo en tema de menores sino también con adultos o personas mayores, crea que el Juzgado de Familia es el lugar adecuado para pedir tratamientos. El tema de la salud mental es igual que cuando estás enfermo y vas al médico. La adicción está expresamente incluida en la Ley de Salud Mental, uno lo que tiene que hacer es ir al médico, acudir al efector de salud para que ve qué es lo que hace con esa persona que no quiere hacer tratamiento, y también ver si corresponde hacer una internación involuntaria”, aclaró.
Además, en este aspecto precisó: “Es muy común que la gente crea que siempre hay que hacer internaciones. La internación es un recurso terapéutico último, según lo define la Ley, cuando proceda por riesgo de la persona o de terceros. Pero un efector público tiene que hacer un informe firmado por un profesional de la salud mental. La función del Juzgado es hacer el control de legalidad, que esa medida fue tomada en forma fundada. Las internaciones y derivaciones dependen del hospital”.
Por esto, recordó que en el pasado, un juez podía disponer internaciones en forma directa, mediante informes de un psiquiatra de su equipo o del médico forense. “Ahora es un tema que depende casi exclusivamente de Salud Mental.
Cuando es de menores, la Ley dice que siempre se presume que es involuntario. Si vamos el efector de salud dispone que hay que hay que internar al menor, aún contra su voluntad, debe comunicarlo al Juzgado con los informes. Y es muy estricto el procedimiento porque tiene que comunicarlo en 10 horas al Juzgado, y después hay 48 horas para que le Juzgado inicie el procedimiento de control de legalidad”.
“Es una cuestión médica”, subrayó Lloveras, y agregó: “Es mucho más amplio que la internación, porque la adicción es un tema muy complicado, depende de las cuestiones de salud mental, de la voluntad del paciente, hay que trabajar con la familia, es mucho más que un solo acto de internación, hay todo un sistema de trabajo con la familia que está a cargo del efector de salud, en este caso el hospital Salaberry. A tal punto que la Ley elimina los hospitales monovalentes, que son los famosos psiquiátricos, a efectos que cada hospital cabecera se encargue de las internaciones en la localidad, en función de la cercanía de esa persona con su familia”.
En este sentido, insistió en que “la función de la Justicia es que se garantice el derecho de salud del paciente, todo lo demás está a cargo del efector de salud”, por lo cual contrastó esto con una costumbre: “Infinidad de veces la gente viene al Juzgado o va a la comisaría para pedir que necesita un tratamiento. El tema de la salud mental es un problema como cualquier otro, es una cuestión de salud, el paradigma es no judicializarlo”.
No obstante, el juez fue consultado acerca de si hay suficientes instituciones en Entre Ríos para abordar esta problemática. “A mi me parece que el tema de la adicción ya es una pandemia, me parece que debería estar más al alcance, el tratamiento de la adicción no siempre está al alcance de las personas, además los tratamientos, por lo que tengo entendido, son caros”, sostuvo.
“Son bastantes (los casos como el referido que llegan al Juzgado). También sale a la luz cuando hay cuestiones penales. La droga no necesariamente lleva a delinquir, pero a veces están muy relacionados el consumo con el delito. Son situaciones muy difíciles. Aún cuando sea involuntaria, siempre estos procesos dependen de la voluntad de las personas. Es un tema complejo que no sería yo el más indicado para comentarlo, depende de la voluntad, el acompañamiento familiar, de chicos que tienen una historia de vida fea”, concluyo Lloveras. (Fuente: Uno Entre Ríos)
En diálogo con el periodista Sergio Retamal de Radio Victoria, Paola dijo: “Estoy angustiada, no se qué hacer, fui al Juzgado de Familia, de ahí me mandaron a Tribunales, y al Juzgado de Familia otra vez. Mi hijo hace desastres en todos lados, tiene 17 años, viene desde los 12, 13 años con adicciones. Antes era cigarrillo, después empezó con el faso, después con pastillas y desde el año pasado inhala gas y nafta. Yo hace seis meses me fui de mi casa, me golpeaba y no sé qué hacer y la Justicia no hace nada. Le agradezco a la Policía porque ellos muchas veces me ayudaron. Estoy desesperada, quiero que el juez haga algo, lo único que tiene que hacer es poner una firma para internarlo, porque un día de estos va a matar a alguien. Me puso un cuchillo en la garganta porque no le quise prestar la moto para ir a vender un colchón”.
“No quiere saber nada de ir a la escuela, no respeta a nadie, a la Policía, a la abuela, a la tía, a mí, yo fui a llevarle la comida al mediodía y me encuentro con que me faltaba el lavarropas también. Al televisor me lo encontraron los policías de Investigaciones. Lo que encuentra lo vende”, contó la mujer entre llantos. Por esto, también pidió: “A la gente que compra cosas robadas, que no lo haga”.
Consultada acerca de las indicaciones del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Paola dijo: “Lo mandan al psicólogo ¿pero cómo hago para llevarlo? Pido urgente que lo deriven a un lugar. Fui a hablar al Juzgado y a la Fiscalía, me atendió una chica y me dijo que tengo que seguir haciendo denuncias, pero ¿qué voy a esperar? ¿Que mate a alguien? ¿o que lo maten a él?”.
“Quiero que me den una respuesta por favor, porque esto va a seguir. Tengo miedo y tiemblo cada vez que lo veo así. Es desesperante porque no sabes qué hacer. No puedo dormir ni descansar tranquila. Yo leí los comentarios de la gente, que hay que pegarle un tiro y tirarlo al río, que hay que matarlo, cortarle los dedos, pero una como mamá no sabe qué hacer, que se pongan en el lugar de uno”, expresó la mujer.
“Hicimos todo lo que pudimos, y él quiere más y ahora tiene toda la mala junta y no se si lo voy a controlar porque la Policía me dice ‘señora en cualquier momento se lo van a matar a su hijo, nosotros no podemos hacer nada’. Se escapa del hospital, la verdad que es desesperante, creo que hay muchas madres que están pasando por lo mismo, pero le digo al juez que por favor, que tome cartas en el asunto y haga algo”, agregó.
Por último, Paola contó: “En el hospital me mandan a sacar turno con el psiquiatra, con el psicólogo, y mientras tanto ni siquiera sé dónde está. Tiene prohibición de acercamiento a la casa de mi pareja, pero si está drogado va a venir igual, no mide consecuencia, no le tiene miedo a la Policía, a nadie”.
“Es una pandemia”
El juez de Familia de Victoria, Eduardo Lloveras, también habló en Radio Victoria, acerca de este tipo de situaciones, sin precisar en el caso particular del hijo de Paola, ya que no pude ventilar la situación de un menor.
“Cuando se produce el delito por parte de menores, la Investigación Penal Preparatoria queda a cargo de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías. Si esa causa llega a juicio tengo que dictar la sentencia correspondiente, solo sería juez de sentencia en las causas de menores. En lo que sí también tengo injerencia es en las medidas tutelares, cuando un menor comete un delito, se da aviso formalmente al Copnaf para que tome las medidas para que evitar que ese menor vuelva a delinquir, ver si tiene derechos vulnerados, qué plan de acción se puede formular para un abordaje general, con la familia, y tomar las medidas del caso. Y si se ve que hay una cuestión de adicciones, es un tema que depende del área de Salud Mental”, explicó Lloveras.
“Es muy común que la gente no solo en tema de menores sino también con adultos o personas mayores, crea que el Juzgado de Familia es el lugar adecuado para pedir tratamientos. El tema de la salud mental es igual que cuando estás enfermo y vas al médico. La adicción está expresamente incluida en la Ley de Salud Mental, uno lo que tiene que hacer es ir al médico, acudir al efector de salud para que ve qué es lo que hace con esa persona que no quiere hacer tratamiento, y también ver si corresponde hacer una internación involuntaria”, aclaró.
Además, en este aspecto precisó: “Es muy común que la gente crea que siempre hay que hacer internaciones. La internación es un recurso terapéutico último, según lo define la Ley, cuando proceda por riesgo de la persona o de terceros. Pero un efector público tiene que hacer un informe firmado por un profesional de la salud mental. La función del Juzgado es hacer el control de legalidad, que esa medida fue tomada en forma fundada. Las internaciones y derivaciones dependen del hospital”.
Por esto, recordó que en el pasado, un juez podía disponer internaciones en forma directa, mediante informes de un psiquiatra de su equipo o del médico forense. “Ahora es un tema que depende casi exclusivamente de Salud Mental.
Cuando es de menores, la Ley dice que siempre se presume que es involuntario. Si vamos el efector de salud dispone que hay que hay que internar al menor, aún contra su voluntad, debe comunicarlo al Juzgado con los informes. Y es muy estricto el procedimiento porque tiene que comunicarlo en 10 horas al Juzgado, y después hay 48 horas para que le Juzgado inicie el procedimiento de control de legalidad”.
“Es una cuestión médica”, subrayó Lloveras, y agregó: “Es mucho más amplio que la internación, porque la adicción es un tema muy complicado, depende de las cuestiones de salud mental, de la voluntad del paciente, hay que trabajar con la familia, es mucho más que un solo acto de internación, hay todo un sistema de trabajo con la familia que está a cargo del efector de salud, en este caso el hospital Salaberry. A tal punto que la Ley elimina los hospitales monovalentes, que son los famosos psiquiátricos, a efectos que cada hospital cabecera se encargue de las internaciones en la localidad, en función de la cercanía de esa persona con su familia”.
En este sentido, insistió en que “la función de la Justicia es que se garantice el derecho de salud del paciente, todo lo demás está a cargo del efector de salud”, por lo cual contrastó esto con una costumbre: “Infinidad de veces la gente viene al Juzgado o va a la comisaría para pedir que necesita un tratamiento. El tema de la salud mental es un problema como cualquier otro, es una cuestión de salud, el paradigma es no judicializarlo”.
No obstante, el juez fue consultado acerca de si hay suficientes instituciones en Entre Ríos para abordar esta problemática. “A mi me parece que el tema de la adicción ya es una pandemia, me parece que debería estar más al alcance, el tratamiento de la adicción no siempre está al alcance de las personas, además los tratamientos, por lo que tengo entendido, son caros”, sostuvo.
“Son bastantes (los casos como el referido que llegan al Juzgado). También sale a la luz cuando hay cuestiones penales. La droga no necesariamente lleva a delinquir, pero a veces están muy relacionados el consumo con el delito. Son situaciones muy difíciles. Aún cuando sea involuntaria, siempre estos procesos dependen de la voluntad de las personas. Es un tema complejo que no sería yo el más indicado para comentarlo, depende de la voluntad, el acompañamiento familiar, de chicos que tienen una historia de vida fea”, concluyo Lloveras. (Fuente: Uno Entre Ríos)
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