Julio César Strassera fue el fiscal de la Cámara Federal que juzgó a los miembros de la tres Juntas militares que actuaron durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Al asumir las nuevas autoridades constitucionales, presidencia del Dr. Raúl Alfonsín , en diciembre de 1983, se inició la acción legal en contra de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y se constituyó la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), para realizar una investigación independiente.
La posición oficial fue que debía juzgarse a los hombres y no a las instituciones.
El gobierno también sostuvo que debía distinguirse entre los responsables de las órdenes, los que las obedecieron y los que se excedieron en su cumplimiento, por eso se comenzó juzgando a los responsables principales: los comandantes de las Fuerzas Armadas.
El trabajo de Strassera fue largo y difícil; reunir las pruebas y a la vez responder a las argumentaciones de la defensa.
En el alegato final puntualizó las acusaciones y estableció algunos principios acerca de la función de la Justicia en una sociedad democrática, se trataba de recuperar la confianza en las instituciones y en los valores que la sustentaban.
Este es un fragmento de su alegato:
“Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación Argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan 'hechos políticos' o 'contingencias del combate'.
“Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.
“A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional, severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal.
“Por todo ello también, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación.
“Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el período 1976-1982.
“No son las fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados.”
Por su parte el informe de la CONADEP dice en sus conclusiones:
“Hasta la fecha de presentación de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
“Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados.
“Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes.
“Entre las víctimas que aún permanecen en condición de desaparecidas, y las que fueron posteriormente liberadas habiendo pasado por centros clandestinos de detención, se encuentran personas de los más diversos campos de la actividad social: obreros 30,2%; estudiantes 21%, empleados 17,9 %, profesionales 10, 7 %, docentes 5, 7%; autónomos y varios 5%; amas de casa 3,8%, conscriptos y personal subalterno de FF. de Seguridad 2,5%; periodistas 1,6%; actores , artistas 1,3%, religiosos 0,3%”.
Es necesario revisar la historia basándose en los hechos y los datos que se han podido construir a partir de la investigación, porque es la piedra ética fundamental de la democracia. Graciela Fernández Meijide ha dicho estos días: “en la Argentina se avanzó más en la justicia que en la verdad. Ni dirigentes políticos ni militares pidieron perdón, hubo críticas y autocríticas, pero nadie pidió perdón. Al enemigo, la justicia que hubiera querido para mi hijo”.
Quizás aún tenemos una deuda pendiente y es avanzar sobre la verdad.
Retomemos el alegato del fiscal Strassera: “NUNCA MÁS”.
Recordemos que mientras haya violencia institucional hay violación a los derechos humanos.
La posición oficial fue que debía juzgarse a los hombres y no a las instituciones.
El gobierno también sostuvo que debía distinguirse entre los responsables de las órdenes, los que las obedecieron y los que se excedieron en su cumplimiento, por eso se comenzó juzgando a los responsables principales: los comandantes de las Fuerzas Armadas.
El trabajo de Strassera fue largo y difícil; reunir las pruebas y a la vez responder a las argumentaciones de la defensa.
En el alegato final puntualizó las acusaciones y estableció algunos principios acerca de la función de la Justicia en una sociedad democrática, se trataba de recuperar la confianza en las instituciones y en los valores que la sustentaban.
Este es un fragmento de su alegato:
“Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación Argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan 'hechos políticos' o 'contingencias del combate'.
“Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.
“A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional, severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal.
“Por todo ello también, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación.
“Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el período 1976-1982.
“No son las fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados.”
Por su parte el informe de la CONADEP dice en sus conclusiones:
“Hasta la fecha de presentación de este informe, la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
“Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados.
“Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes.
“Entre las víctimas que aún permanecen en condición de desaparecidas, y las que fueron posteriormente liberadas habiendo pasado por centros clandestinos de detención, se encuentran personas de los más diversos campos de la actividad social: obreros 30,2%; estudiantes 21%, empleados 17,9 %, profesionales 10, 7 %, docentes 5, 7%; autónomos y varios 5%; amas de casa 3,8%, conscriptos y personal subalterno de FF. de Seguridad 2,5%; periodistas 1,6%; actores , artistas 1,3%, religiosos 0,3%”.
Es necesario revisar la historia basándose en los hechos y los datos que se han podido construir a partir de la investigación, porque es la piedra ética fundamental de la democracia. Graciela Fernández Meijide ha dicho estos días: “en la Argentina se avanzó más en la justicia que en la verdad. Ni dirigentes políticos ni militares pidieron perdón, hubo críticas y autocríticas, pero nadie pidió perdón. Al enemigo, la justicia que hubiera querido para mi hijo”.
Quizás aún tenemos una deuda pendiente y es avanzar sobre la verdad.
Retomemos el alegato del fiscal Strassera: “NUNCA MÁS”.
Recordemos que mientras haya violencia institucional hay violación a los derechos humanos.
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