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Casos menos visibles, pero mas cercanos dan cuenta que la justicia que nos toca mas de cerca, se encuentra contaminada bien sea por visos de intromisiones políticas, como por la falta de acreditación de idoneidad y capacidad de quienes tienen su gestión a cargo.
Recientemente los medios nacionales han informado a cerca de la detención de la ex jueza Alejandra Velázquez, si bien por un motivo diverso, pero recordó a la sociedad que fue destituida en 2017 por venta de bebes.
El caso Loan mantiene la atención de los ciudadanos, y para quienes siguen de cerca su marcha no hay dudas que, entre la inoperancia judicial, su permeabilidad a la política y la falta de resultados concretos en relación al paradero del niño, es casi imposible perder la capacidad de asombro al mismo tiempo que aumenta la impotencia por la falta de precisa eficacia de la justicia.
Pero no hace falta levantar la vista hasta Corrientes, el pago chico de nuestra provincia también ilustra a cerca de ciudadanos mendigando justicia a eso que hoy parece ser una entelequia que se ve manejarse como una estirpe que se alimenta más de sus egos y vanidades que de la realidad, la sapiencia y erudición necesaria.
En Entre Ríos hace veinte años desapareció Fernanda Aguirre, nunca se supo que paso ni donde esta. Su madre dolorosamente falleció buscándola. Tampoco se ha sabido nada de la familia Gill que lleva veintidós años desaparecida, ¡una familia completa!, actualmente un ciudadano santafesino es intensamente buscado desde hace casi dos meses sin resultados, habiendo solicitado, su familia, al Procurador General de la provincia la afectación exclusiva del fiscal a cargo sin obtener respuestas según reportan los medios, como tampoco las tuvo la madre de una niña abusada sexualmente cuando solicito la asignación al caso de un fiscal especializado, con los que esta ciudad no cuenta, entendiendo que se trata de una causa compleja.
Pero no solo las victimas de desapariciones tan dolorosas mendigan y peregrinan por justicia en nuestra provincia. El Superior Tribunal informó hace un tiempo en su sitio oficial que solo el 10% de las causas que ingresan por el Ministerio Publico Fiscal son judicializadas, es decir que hay un 90% de causas cuyo destino se desconoce porque ese órgano no informa.
Lo que parece ser más consecuente con las aspiraciones de la sociedad en relación a los resultados que se esperan de la justicia, es la actuación de la sociedad misma en el proceso, lo que se da mediante el juicio por jurados, que en nuestra provincia registra un altísimo índice de condenas.
La justicia tiene una gran deuda con la sociedad de transparencia, idoneidad, capacidad, imparcialidad, agilidad, modernización y sobre todo de negativa a la intromisión de la política en ese espacio, ultimo escalón en la defensa de los derechos de la ciudadanía.