A mediados de abril de 2017, un joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado en una celda de la Jefatura de Policía de La Paz.
La noticia rápidamente llegó a los medios y la impactante imagen del adolescente quemado llenó los portales. El joven que sufrió las graves quemaduras se llama Eduardo Godoy, y tiene 22 años.
Por el caso se abrió una investigación que ya fue concluida y que tiene a siete policías acusados de apremios ilegales, lesiones y encubrimiento.
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Godoy fue arrestado el domingo 16 de abril de 2017, en inmediaciones del barrio Feria de La Paz, por infringir los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial N° 3815, de Contravenciones policiales.
Tales artículos hacen referencia a la intervención policial ante disturbios en la vía pública. La versión de la policía en el caso Godoy fue que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello fue llevado a la Jefatura de Policía.
Respecto de las quemaduras que sufrió, argumentaron que el joven fue mal requisado y que habría ingresado a la celda con un cigarrillo y un encendedor y que se habría quedado dormido fumando. Es decir, se adujo que el responsable de las gravísimas quemaduras fue el propio Godoy.
Sin embargo, la familia del joven rechazó esa tesis y exigió una investigación profunda. Entonces, la investigación penal preparatoria la realizó el fiscal Santiagio Alfieri – recientemente trasladado a la Unidad Fiscal de Paraná-, quien puso la mira sobre ocho policías que tuvieron intervención en la detención de Godoy.
Una de las primeras medidas de prueba fue la realización de una pericia para determinar cómo se inició el fuego que terminó quemando gravemente a Godoy. El trabajo estuvo a cargo del área de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.
Fuentes judiciales indicaron que entre los imputados hay dos uniformados que también están acusados en otra causa por presuntos apremios ilegales. Están acusados de haber golpeado a un joven de Santa Elena en la Comisaría N° 15, en julio de 2019.
En el caso del joven quemado, no obstante, aún restan algunas formalidades: el pedido de remisión a juicio por parte de la Fiscalía y la audiencia ante el juez de Garantías, quien tiene la potestad de determinar enviar a los imputados al banquillo.
Este caso es un ejemplo más que pone en la mira a la Policía de Entre Ríos. En los primeros días de agosto, el accionar de la fuerza fue puesta en tela de juicio por la propia Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que alertó por el aumento de la violencia policial en las calles. (Fuente: Entre Ríos Ahora y La Sexta).
Tales artículos hacen referencia a la intervención policial ante disturbios en la vía pública. La versión de la policía en el caso Godoy fue que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello fue llevado a la Jefatura de Policía.
Respecto de las quemaduras que sufrió, argumentaron que el joven fue mal requisado y que habría ingresado a la celda con un cigarrillo y un encendedor y que se habría quedado dormido fumando. Es decir, se adujo que el responsable de las gravísimas quemaduras fue el propio Godoy.
Sin embargo, la familia del joven rechazó esa tesis y exigió una investigación profunda. Entonces, la investigación penal preparatoria la realizó el fiscal Santiagio Alfieri – recientemente trasladado a la Unidad Fiscal de Paraná-, quien puso la mira sobre ocho policías que tuvieron intervención en la detención de Godoy.
Una de las primeras medidas de prueba fue la realización de una pericia para determinar cómo se inició el fuego que terminó quemando gravemente a Godoy. El trabajo estuvo a cargo del área de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.
Fuentes judiciales indicaron que entre los imputados hay dos uniformados que también están acusados en otra causa por presuntos apremios ilegales. Están acusados de haber golpeado a un joven de Santa Elena en la Comisaría N° 15, en julio de 2019.
En el caso del joven quemado, no obstante, aún restan algunas formalidades: el pedido de remisión a juicio por parte de la Fiscalía y la audiencia ante el juez de Garantías, quien tiene la potestad de determinar enviar a los imputados al banquillo.
Este caso es un ejemplo más que pone en la mira a la Policía de Entre Ríos. En los primeros días de agosto, el accionar de la fuerza fue puesta en tela de juicio por la propia Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que alertó por el aumento de la violencia policial en las calles. (Fuente: Entre Ríos Ahora y La Sexta).