Gabriela Machuca tiene 41 años y cinco hijos, de los cuales dos tienen una discapacidad congénita. El 9 de mayo, en plena cuarentena, su marido la molió a palos y le quebró una costilla a patadas delante de sus hijos menores de edad. Llamó al 144 pero nadie la atendió. Al otro día, como pudo, salió a la calle donde un taxista la llevó hasta la Comisaría de la Mujer para que consiga la tan declamada ayuda del Estado, que nunca llega a ser una solución definitiva para las víctimas de violencia de género. Entre este organismo y el Copnaf cubrieron la emergencia y, al otro día, ella y sus hijos menores fueron trasladados a La Paz, ciudad en la la mujer tiene familiares y en la que actualmente vive, en una precaria vivienda sin luz pero con muchas goteras.
Gabriela pidió ayuda en una cruda carta en la que expone su realidad, similar al de muchas mujeres y en la que evita relatar esos detalles que toda víctima de violencia conoce a la perfección: años de humillación, manipulación y golpes.
No pide nada descabellado: al IAPV, que le otorgue la casa para la cual se anotó en 2016, y a la cual tiene prioridad de acceso por tener dos hijas con discapacidad. Una vivienda que le permitiría “dejar de vivir de prestado” y la que quiere pagar rigurosamente. También quiere divorciarse de ese hombre que la tortura desde 2007 y algunos otros trámites que le permitan trabajar para mantener a sus hijos, sin tener la necesidad de volver a acudir al agresor.
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Un calvario conocido
“A mi hija le descubrieron un problema de luxación de cadera en 2014. Para esa época mi marido estaba trabajando para una empresa constructora de Paraná. Tuvimos que decidir sobre el tratamiento, entre ir al Garrahan y viajar todas las semanas, o iniciarlo en Paraná. Finalmente la operó el doctor Martiniano Uranga y le hizo el tratamiento de la cadera el doctor García. Nos mudamos todos desde La Paz. Y, a los dos años le descubrieron el mismo problema a mi hija menor, porque es una enfermedad congénita”, relató la mujer que inició una carrera universitaria que no pudo continuar.
“En 2016, estábamos viviendo en calle Colón, en un departamento alquilado, cuando se presentó una señora diciéndome que estaba embarazada y que el hijo era de mi marido. Cuando le reclamé todo empeoró y vinieron los golpes. Estando todos en la mesa, se levantó y me pegó una piña que me rompió la boca, delante de mis dos hijos menores”, relata. En ese momento no hizo la denuncia porque tenía miedo, pero el hecho quedó asentado en la que finalmente decidió radicar este año.
La mujer dice que su marido es alcohólico y que, cada vez que tomaba, se la agarraba con ella o con los chicos. “Llegamos a hablar lenguaje de señas con mis dos hijos para no molestarlo y, sin embargo, siempre tenía un motivo para reaccionar violentamente”, continuó.
Ella trató de alejarse. Se mudó con los chicos a un lugar más pequeño, en Bajada Grande, pero no pudo costear el alquiler y finalmente aceptó la ayuda del padre de sus hijos, que le prometió “cambiar”. Alquilaron una casa más grande en Bajada donde pudo poner un local de venta de pan, viandas y productos de limpieza. Pero el cambio prometido no duró mucho.
En un momento, el hombre se quedó sin trabajo y empezaron otra vez los problemas, los insultos y los golpes. Fue todo cada vez peor y se agravó con la cuarentena; hasta que en la noche del 9 de mayo la golpeó salvajemente.
La sacó de un tirón de la cama y, en el piso, la empezó a patear y le fracturó una costilla. “Le pedía por favor, y mis hijos gritaban que se calme. Me puso un cuchillo en la mano y me dijo que lo mate y una serie de frases que no recuerdo; hasta que mis hijos lograron calmarlo. Esa noche, tipo 2 de la mañana, me cansé de llamar al número de emergencia 144 y nunca nadie me atendió. Al otro día, apenas se fue él, salí de la casa a buscar ayuda. En esos días no había colectivos y, un chofer de la Cooperativa Radiotaxi, al verme maltrecha, me ayudó. Le comenté lo que había pasado, me calmó y me llevó hasta la Comisaría de la Mujer. Mis hijos menores llamaron a mi hija mayor -que vive en la Paz- y ella radicó otra denuncia”.
Ese día, desde la Comisaría de la Mujer a Gabriela la llevaron a la guardia del Copnaf, en calle Urquiza, y allí le indicaron los pasos a seguir. “Yo no sabía qué hacer. En Paraná no tengo familiares, mis hermanos están todos en La Paz y mi madre falleció en diciembre de 2018. Me dijeron que vuelva a buscar a mis hijos y los entrevistaron. Después me mandaron a hacer la denuncia y tuve que volver a la casa en un móvil policial, para buscar los documentos. Fue lo único que pude sacar de mis cosas porque él quería pelearse con todo el mundo. Esa noche, dormimos en un refugio y al otro día nos trasladaron a La Paz en un móvil del Copnaf, porque ya había cuarentena”.
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“El Estado te deja ahí”
“El Estado te dice vayas a hacer la denuncia y listo, todo queda ahí”. Desde 2012 estoy anotada en el IAPV. Supuestamente, por mis dos hijas con discapacidad (ambas tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), me la deberían haber otorgado. Ahora me urge darles un hogar a mis hijos porque andamos literalmente tirados. No estamos acostumbrados a vivir así. Donde estamos ahora no se puede llamar casa. Los días de lluvia, entra agua por todos lados, y no tenemos luz”, describe.
La mujer cuenta que desde el Estado tampoco le ofrecieron ayuda psicológica ni a ella ni a sus hijos y, hasta el día de hoy, sufre ataques de pánico. “Me he caído desmayada en la calle y ahora estoy medicada”, relata. “He agotado todas las instancias pidiendo ayuda. Ellos quieren volver a su casa y a su escuela pero no quieren volver con su padre. He ido a la Defensoría del Poder Judicial para divorciarme porque no quiero saber nada con ese hombre. No quiero que me pase una cuota alimentaria porque sé que eso es para problemas. No quiero tener contacto de ningún tipo. En la Defensoría me dijeron que no pueden tomar casos donde estén involucrado menores de edad. Pero un divorcio en forma particular sale 18.000 pesos. Obviamente si hoy no tengo para comer, menos voy a tener para un divorcio”, razona.
En este momento el único ingreso que tiene Dina Gabriel es el SUAF con un monto de 11.000 pesos. “Lo cobro el 10 para el 20 no tengo más plata. Es muy penoso. Si estuviera sola me las arreglaría. Estamos en total abandono y lo que más me duele es no tener un lugar digno donde vivir con mis hijos”, dice que con la voz quebrada.
A ella le gustaría trabajar en blanco. Le ofrecieron un trabajo en una casa de familia, en Paraná, pero como no tenía con quién dejar sus hijos menores, le pidió a la Justicia que su hija de 24 años, que vive en La Paz, se hiciese cargo de sus hermanitos. Tenía la idea de poder alquilar una casa y después llevarlos con ella, pero en la Justicia le dijeron que, para eso, tenía que contar con la autorización del padre. El mismo padre golpeador que los puso en esa situación.
La carta
Yo víctima, de violencia de género y familiar, les escribo a todos aquellos que quieran hacer eco de mi situación.
Además de sufrir violencia de género y familiar, también soy víctima de abandono por parte del Estado y de todas las instituciones que dicen ayudar a mujeres en mi situación, como así también de la línea 144, ya que el día en que mi agresor me puso un cuchillo en la mano pidiéndome que lo mate, me molió a golpes y patadas, me cansé de llamar y nunca me atendieron.
Ese día el único que me ayudó fue un chofer de la Cooperativa de Radio Taxi de la ciudad de Paraná (en ese momento 10/05/20, me encontraba viviendo allá) que me acercó hasta la Comisaría de la Mujer.
Tengo tres cosas en las cuales me gustaría que me ayuden...
1- Necesito divorciarme con suma urgencia ya que soy casada legalmente... desde Defensoría me dicen que ellos tienen prohibido tomar estos casos donde hay menores de por medio. Particularmente un divorcio cuesta $18 mil. No tengo para comer hoy, mucho menos para pagar eso.
2- Hace 6 años estoy anotada en el I.A.P.V para una casa, que se supone tengo prioridad, por mi hija menor con discapacidad (displasia de caderas bilateral con escoliosis leve)."NO ESTOY PIDIENDO QUE ME LA REGALEN" sólo quiero pagar por algo que en algún momento será mío y de mis hijos. Actualmente vivimos de acá para allá, en casas de parientes. Ya que no puedo costear un alquiler sola, y es eso o volver con nuestro agresor.
3- Necesito empleo, tengo secundario completo y universitario incompleto. Tenía la esperanza de salir sorteada en el Potenciar, pero por algo Dios no quiso, no puedo acceder al I.F.E porque mi ex pareja trabaja en blanco... sólo tengo S.U.A.F por un monto de $11 mil, mi hija no tiene pensión.
Además quisiera agregar, a todas aquellas entidades que "dicen" ayudar a mujeres en mi situación, sepan que no es sólo ayuda psicológica la que necesitamos (ayuda que en ningún momento me ofrecieron para mí y mis hijos), cuando al fin podemos salir de estas situaciones, lo que más se necesita es ayuda económica.
Es necesario e imperioso que se cree un fondo de ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género, ya que a mi parecer es este, el motivo por el cual volvemos una y otra vez con los agresores, hasta que nos acaban matando.
Gracias por al menos tomarse el tiempo de leer mi correo, hago esto porque he agotado todos los posibles recursos de los cuales sólo he obtenido silencio.
Mandé Messenger a la diputada Blanca Osuna y al Ministerio de la Mujer pidiendo sólo una casa para poder darle a mis hijos un hogar.
Dina Gabriela Machuca
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