
Pocos meses después de la puesta en vigencia de la nueva ley nacional de alquileres, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPI), Julio Molina llegó a la conclusión de que "lamentablemente fue un perjuicio para los inquilinos". Según dijo, los impulsores de la normativa consideraron que "iba a ser una muy buena cosa, pero resultó todo al revés".
En una breve entrevista difundida el viernes por Delco Noticias, el empresario y dirigente villaguayense sostuvo que uno de los principales defectos de la ley tiene que ver con la prohibición de actualizar los contratos de alquiler por plazos menores a un año.
De esa manera, los montos pueden quedar desfasados respecto a los precios de los demás bienes y servicios. "Se puede decir que la inflación [de este año y de los próximos] será del 30% o 40% pero en realidad no se sabe. Esta incertidumbre hace que el propietario no sepa cuánto cobrar", explicó Molina.
Cabe recordar que el plazo de reajuste de alquileres ya no es semestral sino que ha pasado a ser anual. Se debe mantener el precio durante todo un año y luego aumentarlo en base a un índice elaborado por el Banco Central que considera dos factores: 1) las variaciones mensuales de los precios al consumidor (IPC); y 2) la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Otro aspecto de la nueva ley de alquileres es la ampliación de dos a tres años en el plazo mínimo de alquiler. Esto ha generado algunas quejas pero al parecer no tantas como el punto anterior.
De todos modos, la suma de esos factores ha provocado una situación de incertidumbre que está generando una reducción en la oferta de inmuebles, y en consecuencia, en un aumento en los alquileres. "El propietario dice que no sabe lo que puede pasar y por lo tanto prefiere esperar, no renovar [los contratos]", recalcó Molina.