El joven Pablo Ventura inició una demanda al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense que lo había señalado como sospechoso del asesinato de Fernando Báez Sosa y luego lo sobreseyó de la causa por falta de pruebas. Por el “daño moral causado”, pidió un resarcimiento de 10 millones de pesos.
El escrito apunta a los daños sufridos por Ventura, quien fue detenido el 19 de enero de 2020 por parte del primer fiscal de la causa, Walter Mercuri, y lo tuvo 3 días en prisión junto con los rugbiers acusados del crimen. Su nuevo abogado, Marcelo Olmos, sumó como prueba distintas notas periodísticas y puso a disposición una serie de testigos para que declaren en esta causa.
“(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz”, dice la demanda.
“(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz”, dice la demanda.
Tanto Pablo como su familia aseguraron no haber estado en Villa Gesell la noche del crimen e incluso afirmó que desconocía el motivo de por qué lo habían mencionado los rugbiers. Ventura quedó desvinculado de la causa en febrero de ese año después de su liberación.
Hay que tener en cuenta que, además de Ventura, también fueron sobreseídos otros dos jóvenes que habían sido acusados como partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
Hay que tener en cuenta que, además de Ventura, también fueron sobreseídos otros dos jóvenes que habían sido acusados como partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
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