LOS INTENDENTES DE VILLAGUAY, CLARA Y DOMINGUEZ, ENTRE LOS 500 QUE RESPALDAN A CRISTINA KIRCHNER EN LA CAUSA VIALIDAD

Foto: Archivo, ilustrativa.

(Publicado el 22/08/2022) Las intendentas de Villaguay, Claudia Monjo, y de Villa Clara, Andrea Domé, y el jefe comunal de Villa Domínguez, Juan Romero, aparecen entre los más de 500 de todo el país que expresaron ayer su respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio que se le sigue por la denominada "Causa Vialidad" (ver aparte).

Lo hicieron a través de un comunicado en la fecha previa al alegato final del fiscal Diego Luciani, que este lunes solicitará que Cristina sea condenada a prisión y quede inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

En concreto, los intendentes ligados al peronismo de la totalidad de las provincias acusaron al sistema judicial de implementar "un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social".

Sostuvieron además que la persecución judicial sobre la vicepresidenta "constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente".

"Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias y llamamos a la reflexión a la comunidad para rechazar estas prácticas y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos", enfatizan los presidentes municipales en su comunicado.

El pronunciamiento de los jefes comunales va en sintonía con la campaña desplegada por La Cámpora, que realizó pintadas en el conurbano bonaerense con la consigna “todos con Cristina”, y publicó un video en las redes sociales en la que editó comentarios de un grupo de periodistas para formar la frase: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar".


"Asociación ilícita"

El pasado viernes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideraron probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que "pergeñó un armado ilegal para que durante 12 años el empresario Lázaro Báez recibiera obra pública que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios, defraudando así al Estado nacional".

Cabe señalar que el delito de fraude en perjuicio de la administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal. Prevé una pena de dos a seis años de prisión e "inhabilitación especial perpetua si el culpable fuere funcionario o empleado público".