La anulación del otro por Maduro y el negacionismo kirchnerista

El presidente argentino Alberto Fernández junto al dictador venezolano Nicolás Maduro (MARIA EUGENIA CERUTTI/)

Se ha visto cómo en Venezuela desde comienzos de este siglo ha sucedido un proceso paulatino de deterioro del estado de derecho y es a partir de la década pasada, cuando el gobierno de Maduro incrementa las políticas de persecución a quienes disienten de sus ideas.

El negacionismo del cuarto gobierno kirchnerista respecto de la grave situación de derechos humanos en Venezuela quedó evidenciado una vez más, el pasado lunes 25 de septiembre en la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando el dialogo interactivo de los Estados sobre el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), el embajador Villegas Beltrán, a cargo de la representación Argentina en Ginebra, en su alocución no mencionó los crímenes de Maduro debidamente documentados en el informe de la FFM: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y de género, acoso y amenazas a familiares de opositores políticos, censura a la prensa, restricciones a las ONGs, entre otras, como sí hicieron por ejemplo Uruguay, la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

Tampoco exigió al gobierno venezolano observar las recomendaciones hechas por la Misión, a la que evitó alevosamente tanto nombrar como reconocer la tarea humanitaria llevada a cabo, según consta en la extranet del Consejo de Derechos Humanos donde puede ser consultada la intervención de la delegación argentina

Lo que debe decirse una vez más y tantas como sea necesaria, es que en Venezuela se amenaza, persigue, encarcela y tortura a las personas que critican o se oponen a las políticas del autoritarismo impuesto. Nicolás Maduro no quiere que exista algún competidor político a la hora de celebrar elecciones, ni tampoco personas que se sientan libres y sin miedo, puesto que el autoritarismo sólo busca la anulación del otro y ese otro puede ser cualquier persona.

El gobierno ha forjado un entorno hostil e inseguro para la sociedad civil, tomando en cuenta que esta es la única pantalla independiente que expone la situación venezolana. El ataque generalizado a la población ejercido por Maduro, es una decisión, es una política de Estado.

Esto no es relato, como ha querido instalar el gobierno de Maduro y sus aliados. ONGs internacionales como Front Line Defenders, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL-, entre otras, han igualmente denunciado las violaciones cometidas contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.

En el año 2021 en la ONU, la presidenta de la FFM, Marta Valiñas, expresó que el concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio y con una tendencia creciente a la persecución de personas y ONGs humanitarias y de derechos humanos.

Hace unos días, la misma Misión publicó otro contundente informe sobre los últimos tres años. La Misión describe cómo funciona el régimen venezolano a través de sus mecanismos de represión y restricciones del espacio cívico y democrático, también cómo las personas por su trabajo en el sindicalismo, derechos humanos o incluso, sin tenerlo claro, por ser percibidas como posibles disidentes, sufren actos de humillación, abusos sexuales y torturas.

Dicha Misión y la Corte Penal Internacional no son los únicos ámbitos donde se investigan delitos contra la humanidad sucedidos en Venezuela. La Fundación Clooney interpuso una denuncia en la justicia argentina bajo el principio de la jurisdicción universal, que sucede luego de haber sido denunciado previamente por un grupo de víctimas que viven en el país y las denuncias hechas por la principal referencia de la oposición, Patricia Bullrich.

En el año 2022 y a menos de un año de cuando el embajador de Argentina en la ONU, mencionó sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos que “la situación de derechos humanos continúa siendo crítica” y también dijo “En ese contexto, volvemos a manifestar nuestra preocupación por la persistencia de detenidos políticos”, para el presidente Alberto Fernández y el Kirchnerismo, parece que la grave crisis de derechos humanos de ese país mejoró increíblemente o al menos así intentan expresarlo a través de sus comentarios favorables sobre Nicolás Maduro.

El régimen de Maduro en los últimos años ha puesto en la agenda leyes que atentan contra las ONG, lo que por un lado busca desarticular las de derechos humanos, pero indudablemente es aplicable a cualquier tipo de organización, que, en cualquier momento, pueda expresar una idea, crítica o exigencia que descontente a Maduro y al grupo que controla todo.

En Venezuela se han realizado procesos administrativos y penales contra activistas y organizaciones, como también contra actores de la política venezolana. Es imposible dejar de mencionar al activista de derechos humanos Javier Tarazona con más de ochocientos días preso y la detención el año pasado del activista social Gabriel Blanco y recientemente condenado a 16 de años de prisión.

Gabriel además es esposo de Diannet Blanco, quien estuvo presa injustamente y que siendo civil fue sometida a un tribunal militar, permaneciendo por más de un año en el centro de torturas llamado El Helicoide. Y ¿de qué se les acusa a Javier, Gabriel y otros venezolanos incluidos los perseguidos que han podido huir del país? Nada menos que de delitos relacionados al terrorismo, un patrón común de los regímenes autoritarios.

Para el régimen solo es posible la existencia de quienes sean funcionales al régimen, por eso también se apropió de la Cruz Roja Venezolana. Las ONG humanitarias son objetivos claves, porque para Maduro y su gente, nadie debería comer o recibir atención médica de manera libre, es fundamental para ellos que todos se sometan a los condicionamientos y dependencia que les impongan, cómo imaginarse que quienes puedan comer libremente sean dominados.

Ni siquiera quienes fueron importantes aliados de Maduro hoy están a salvo y es que ninguna persona o agrupación lo podría estar frente al autoritarismo. Recientemente el Partido Comunista de Venezuela fue asaltado por el régimen venezolano y luego entregado a personas aliadas de Maduro, lo que anteriormente solo había sucedido con partidos que pertenecen a la tradicional oposición venezolana.

Todas estas medidas han sido justificadas a través de mentiras y es que la desinformación es otra forma de hacer daño deliberadamente, de causar un perjuicio social y es imposible pensar en democracia en un país sin libertad de expresión. El régimen de Maduro ha diseminado noticias falsas a través de su gigante aparato de “noticias”. No olvidemos que el Kirchnerismo en su naturaleza populista y poco democrática, tampoco es ajeno a generar bulos y desinformación.

En Venezuela también se han usado formas represivas más “suaves”, como no permitir que nuevas organizaciones puedan realizar el registro ordinario y que las ya existentes, no puedan renovar sus documentos para de alguna manera ilegalizarlas, como fue denunciado por la ONG Promedehum en uno de sus recientes informes publicados.

Como parte del proceso de vulneración al derecho de participación, el régimen venezolano ha impuesto sanciones e inhabilitaciones contra opositores. Esta estrategia fue aplicada anteriormente por Hugo Chávez contra quienes se perfilaban como líderes.

Venezuela no puede ser una causa perdida, olvidarnos de Venezuela es darle las herramientas a los populistas para sentirse seguros y decidan instalar regímenes autoritarios. Proteger la democracia es una obligación ciudadana que no debe conocer de fronteras.


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