Si de vulneración de derechos se habla, no se puede mirar para otro lado, esto de que cada uno cuida su metro cuadrado, debería ya entenderse como la ruin formula que nos ha traído al lugar de la decadencia moral en la que nos encontramos inmersos.
A la que claramente nos han conducido nuestros gobiernos de turno pero, no olvidemos, que lo han hecho con la anuencia silenciosa y cobarde la ciudadanía.
Hoy tenemos la certeza de que un negocio del solo interés de la política partidaria de turno, se está gestando, pero claramente contando con el recurso económico de la población toda y a costas de precarizar, y devaluar no solo la moral, la integridad, sino aprovechándose de la parte más vulnerable de la historia que son los trabajadores.
LT 27, el tema que permanece en tratamiento, de lo que pocos hablan, permanece también la falta de información oficial, permanece también la falta de certezas. Solo algunas han surgido en esta semana.
Una de ellas es ¿quién está defendiendo a los trabajadores? Parecería que nadie. Sabemos que el derecho que rige las relaciones laborales es de orden público, sabemos que dada la fragilidad del trabajador es arbitrario y absurdo quitar derechos adquiridos. Pues bien, preocupa si el fin que se persigue con la compra de LT 27 que, claramente, dada la línea política de los interesados puede bien ser una posibilidad de adoctrinamiento, campaña política, silenciamiento del resto de los medios al quitar aún más pauta oficial, y todo ello con el dinero de la ciudadanía.
Pero hay más aún, también a costa de los trabajadores. Distintas fuentes informan que continuarían su actividad laboral en la radio en calidad de contratados, lo cual los situaría en una posición de precariedad incalculable, como gran parte de los empleados contratados de nuestro municipio.
El Estado Municipal, no solo que hace años no satisface las normas de los concursos, sino que además ha diseñado diferentes estrategias para generar fragilidad y dependencia al punto de la sumisión, quitando la dignidad, quitando garantías, condicionando hasta la vida social y familiar, y algunas veces hasta la palabra.
Así entre los términos de los contratos municipales se encuentran cláusulas que excluirían a los trabajadores contratados del marco legal de la ordenanza 629, que establecería la relación laboral como transitoria y temporaria, que el personal contratado no tendría estabilidad y que ingresarían como personal político no escalafonado. Por otra parte también se establecería la rescisión contractual por parte del municipio por diversas causas sin derecho a reclamo alguno.
Un nuevo interrogante surge: ¿el poder legislativo local, lugar donde se encuentra en estudio el negocio propuesto, favorecerá los espurios intereses de unos pocos en detrimento de los derechos de los trabajadores que revisten el carácter de orden público? y ¿si también permitirá que la administración de turno haga uso de recursos públicos para satisfacer intereses políticos partidarios?
Si así fuera quizá la PATRIA (NO PATREA) se los demande.
Mujeres por la República
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