LA JUEZA RECHAZÓ EL ABREVIADO DE AZOGARAY Y CUESTIONÓ DURO A FISCALÍA POR OMITIR LA ALCOHOLEMIA

Diario Villaguay tuvo acceso a la resolución firmada por Nadia Benedetti, quien consideró arbitrario excluir ese dato de la acusación. Sostuvo que el acuerdo no reflejaba todas las circunstancias relevantes del hecho y que no era posible homologarlo sin un mayor conocimiento de las pruebas. Las dos querellas se habían opuesto.

La jueza de Garantías de Villaguay, Nadia Benedetti, rechazó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Maximiliano Martín Azogaray, imputado por la muerte de Bruno Pablo Germán Ruiz, al considerar que la acusación había omitido una circunstancia de especial relevancia: el resultado de alcoholemia que, según las actuaciones incorporadas al expediente, arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor del automóvil.

Diario Villaguay tuvo acceso al contenido de la resolución, firmada este viernes, en la que la magistrada desarrolló los fundamentos jurídicos y probatorios por los cuales decidió no homologar el acuerdo. En términos particularmente contundentes, calificó de arbitraria la omisión de la circunstancia vinculada al consumo de alcohol y sostuvo que la plataforma fáctica presentada por el Ministerio Público Fiscal no era compatible con las evidencias reunidas durante la investigación penal preparatoria.

La decisión representa un respaldo a los cuestionamientos que habían formulado las dos querellas, entre ellas la representada por el abogado Guillermo Vidal, que se opusieron a que la causa concluyera mediante un procedimiento abreviado en los términos propuestos.

EL DATO DE LA ALCOHOLEMIA QUE QUEDÓ FUERA DE LA ACUSACIÓN

En el acuerdo presentado para su homologación, el hecho había sido calificado como homicidio imprudente por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, contemplado en el artículo 84º bis del Código Penal, pero sin incorporar la circunstancia agravante relacionada con la alcoholemia.

La jueza advirtió que esa descripción dejaba afuera un elemento que estaba documentado en el legajo. Puntualmente, hizo referencia al acta confeccionada por personal de Tránsito Municipal después del siniestro, en la que se consignó que Azogaray presentaba 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al fundamentar su decisión, Benedetti escribió: “En el ejercicio del control de legalidad y razonabilidad sobre el acuerdo advierto que la omisión de la agravante es arbitraria y contradice las pruebas de la causa”.

La magistrada también puso de relieve que el informe elaborado por el oficial principal Jorge Eduardo Enrique el 8 de diciembre de 2023 dejó constancia de que se había dado intervención al personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Bora.

En ese documento, según reproduce la resolución, se informó que Azogaray presentaba 1,64 gramos de alcohol en sangre. A ello se sumó la declaración del funcionario policial, quien describió que el conductor estaba “completamente alcoholizado”.

La jueza también consideró relevantes las declaraciones testimoniales de Julio Reynoso, Valentina Bouchet y Julieta Rocca, quienes coincidieron en señalar que Azogaray había ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente.

Para Benedetti, esos elementos constituían datos concretos sobre la ingesta de alcohol momentos antes del siniestro y no habían recibido una explicación suficiente por parte de la Fiscalía para justificar su exclusión de la imputación.

EL ARGUMENTO DE FISCALÍA Y LA OBSERVACIÓN DE LA JUEZA

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Sergio Salisky, explicó que había decidido no incorporar la circunstancia de la alcoholemia porque no contaba con un informe técnico de la División Química de la Policía Científica que permitiera acreditar judicialmente el nivel de alcohol en sangre.

La resolución reproduce parte de su explicación: “Al no contar con eso y solamente con este documento administrativo se consideró, se evaluó en este marco no considerarlo a los efectos de la imputación”.

Sin embargo, la jueza observó una contradicción en el razonamiento fiscal. Según consignó, cuando la defensa hizo referencia a posibles irregularidades en el acta de alcoholemia, el fiscal sostuvo que no estaba cuestionando su validez y que, desde su perspectiva, las actas no eran nulas.

En ese contexto, Benedetti cuestionó que se hubiera descartado un elemento probatorio sin una fundamentación suficiente. “El fiscal no ha explicado por qué la medición cuantitativa que determinó los gramos de alcohol no le ha resultado suficiente o plenamente válido, solo se ha limitado a indicar que no lo valoró porque no cuenta en la causa con un informe químico”, señaló.

Y profundizó su cuestionamiento al sostener que el propio fiscal había reconocido la legalidad del procedimiento, sin explicar por qué había decidido excluirlo de la descripción del hecho.

“El fiscal (Sergio Salisky) ha recortado arbitrariamente la plataforma fáctica al omitir la circunstancia agravante de alcoholemia acreditada en el legajo mediante un acta cuya validez el mismo no ha puesto en crisis”, expresó.

EL PLANTEO DE LAS QUERELLAS Y LA PENA ACORDADA

La resolución deja constancia de que ambas querellas se opusieron al acuerdo porque entendieron que no contemplaba todas las circunstancias relevantes acreditadas durante la investigación.

Además de reclamar la inclusión de la alcoholemia, cuestionaron la pena convenida entre la Fiscalía y la defensa, a cargo del doctor Guillermo Cullen -también abogado del exgobernador Sergio Urribarri-, al considerar que debía ubicarse por encima del mínimo previsto para el delito.

El acuerdo proponía para Azogaray tres años de prisión de cumplimiento condicional, cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos y reglas de conducta durante tres años.

La jueza consideró que la omisión de la alcoholemia también impedía realizar un control adecuado sobre la proporcionalidad de esa pena.

En ese sentido, dejó una consideración particularmente importante: “La omisión resulta relevante aunque la escala penal no varíe, pero a la hora de merituar la pena aplicable no es lo mismo infringir una norma de cuidado que infringir dos de manera simultánea”.

De esta manera, explicó que la valoración de las circunstancias concretas del hecho no puede quedar reducida a la existencia de una figura penal y una pena acordada entre las partes, sino que debe reflejar adecuadamente cómo ocurrió el episodio y cuál fue la conducta atribuida al acusado.

También sostuvo que los familiares de la víctima tienen derecho a que una eventual sentencia condenatoria refleje fielmente las circunstancias del hecho.

“Suprimir de la declaración de culpabilidad un dato objetivo y grave como los 1,64 g/l de alcohol en sangre altera la verdad histórica”, afirmó.

LA JUEZA SOSTUVO QUE NO PODÍA HOMOLOGAR EL ACUERDO

En otro tramo de la resolución, Benedetti explicó los alcances de sus facultades como jueza de Garantías dentro del sistema acusatorio y recordó que los acuerdos entre la Fiscalía y la defensa no están exentos del control jurisdiccional.

En particular, señaló que el procedimiento abreviado no habilita negociaciones irrestrictas sobre la calificación jurídica de los hechos y que los magistrados tienen la facultad de rechazar un acuerdo cuando consideran necesario un mayor conocimiento de las circunstancias o encuentran una discrepancia fundada con la calificación legal propuesta.

La magistrada aclaró que no le corresponde sustituir al Ministerio Público Fiscal ni forzar la realización de un juicio oral cuando las partes acuerdan una solución alternativa dentro de los márgenes legales. Sin embargo, remarcó que sí tiene la obligación de controlar que esos acuerdos respeten la legalidad y las garantías de las partes.

En ese marco, fue especialmente crítica con la manera en que se había delimitado la acusación: “Si bien el Ministerio Público Fiscal posee la titularidad de la acción no puede mutilar los hechos acreditados para encuadrarlos en una figura más benigna y así forzar un acuerdo y una condena condicional”.

La jueza concluyó que la controversia entre la defensa, la Fiscalía y las querellas sobre el valor de la prueba de alcoholemia requería un ámbito procesal adecuado para su discusión.

Al respecto, sostuvo que “el debate oral es el único ámbito idóneo para dilucidar la prueba y fijar la pena ajustada al hecho”, aunque también contempló la posibilidad de una reformulación íntegra del acuerdo.

QUÉ RESOLVIÓ BENEDETTI

Finalmente, la jueza decidió desestimar la solicitud de juicio abreviado presentada por las partes, en los términos del artículo 481º del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Además, ordenó devolver las evidencias y la documentación al Ministerio Público Fiscal para que continúe el trámite de la causa y dispuso la destrucción del incidente que contenía el acuerdo rechazado.

La resolución no constituye una sentencia condenatoria ni determina por sí misma la responsabilidad penal definitiva de Azogaray. Lo que establece es que el procedimiento abreviado, tal como había sido presentado, no reunía las condiciones necesarias para recibir la homologación judicial.

La causa deberá continuar su trámite, con la posibilidad de que la Fiscalía impulse un nuevo acuerdo que contemple íntegramente las circunstancias del hecho o avance hacia un debate oral en el que se discutan las pruebas y las responsabilidades correspondientes.

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