Diario Villaguay tuvo acceso a la resolución firmada por Nadia Benedetti, quien consideró arbitrario excluir ese dato de la acusación. Sostuvo que el acuerdo no reflejaba todas las circunstancias relevantes del hecho y que no era posible homologarlo sin un mayor conocimiento de las pruebas. Las dos querellas se habían opuesto.
La jueza de
Garantías de Villaguay, Nadia Benedetti, rechazó el acuerdo de juicio abreviado
presentado por la Fiscalía y la defensa de Maximiliano Martín Azogaray,
imputado por la muerte de Bruno Pablo Germán Ruiz, al considerar que la
acusación había omitido una circunstancia de especial relevancia: el resultado
de alcoholemia que, según las actuaciones incorporadas al expediente, arrojó
1,64 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor del automóvil.
Diario Villaguay tuvo acceso al contenido de la
resolución, firmada este viernes, en la que la magistrada desarrolló los
fundamentos jurídicos y probatorios por los cuales decidió no homologar el
acuerdo. En términos particularmente contundentes, calificó de arbitraria la
omisión de la circunstancia vinculada al consumo de alcohol y sostuvo que la plataforma
fáctica presentada por el Ministerio Público Fiscal no era compatible con las
evidencias reunidas durante la investigación penal preparatoria.
La decisión
representa un respaldo a los cuestionamientos que habían formulado las dos
querellas, entre ellas la representada por el abogado Guillermo Vidal, que se
opusieron a que la causa concluyera mediante un procedimiento abreviado en los
términos propuestos.
EL DATO DE LA
ALCOHOLEMIA QUE QUEDÓ FUERA DE LA ACUSACIÓN
En el
acuerdo presentado para su homologación, el hecho había sido calificado como
homicidio imprudente por la conducción imprudente, negligente y
antirreglamentaria de un vehículo automotor, contemplado en el artículo 84º bis
del Código Penal, pero sin incorporar la circunstancia agravante relacionada
con la alcoholemia.
La jueza
advirtió que esa descripción dejaba afuera un elemento que estaba documentado
en el legajo. Puntualmente, hizo referencia al acta confeccionada por personal
de Tránsito Municipal después del siniestro, en la que se consignó que Azogaray
presentaba 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.
Al
fundamentar su decisión, Benedetti escribió: “En el ejercicio del control de
legalidad y razonabilidad sobre el acuerdo advierto que la omisión de la
agravante es arbitraria y contradice las pruebas de la causa”.
La
magistrada también puso de relieve que el informe elaborado por el oficial
principal Jorge Eduardo Enrique el 8 de diciembre de 2023 dejó constancia de
que se había dado intervención al personal de Tránsito Municipal para realizar
el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Bora.
En ese
documento, según reproduce la resolución, se informó que Azogaray presentaba
1,64 gramos de alcohol en sangre. A ello se sumó la declaración del funcionario
policial, quien describió que el conductor estaba “completamente alcoholizado”.
La jueza
también consideró relevantes las declaraciones testimoniales de Julio Reynoso,
Valentina Bouchet y Julieta Rocca, quienes coincidieron en señalar que Azogaray
había ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente.
Para
Benedetti, esos elementos constituían datos concretos sobre la ingesta de
alcohol momentos antes del siniestro y no habían recibido una explicación
suficiente por parte de la Fiscalía para justificar su exclusión de la imputación.
EL ARGUMENTO DE
FISCALÍA Y LA OBSERVACIÓN DE LA JUEZA
Durante la
audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Sergio Salisky, explicó
que había decidido no incorporar la circunstancia de la alcoholemia porque no
contaba con un informe técnico de la División Química de la Policía Científica
que permitiera acreditar judicialmente el nivel de alcohol en sangre.
La
resolución reproduce parte de su explicación: “Al no contar con eso y solamente
con este documento administrativo se consideró, se evaluó en este marco no
considerarlo a los efectos de la imputación”.
Sin embargo,
la jueza observó una contradicción en el razonamiento fiscal. Según consignó,
cuando la defensa hizo referencia a posibles irregularidades en el acta de
alcoholemia, el fiscal sostuvo que no estaba cuestionando su validez y que,
desde su perspectiva, las actas no eran nulas.
En ese
contexto, Benedetti cuestionó que se hubiera descartado un elemento probatorio
sin una fundamentación suficiente. “El fiscal no ha explicado por qué la
medición cuantitativa que determinó los gramos de alcohol no le ha resultado
suficiente o plenamente válido, solo se ha limitado a indicar que no lo valoró
porque no cuenta en la causa con un informe químico”, señaló.
Y profundizó
su cuestionamiento al sostener que el propio fiscal había reconocido la
legalidad del procedimiento, sin explicar por qué había decidido excluirlo de
la descripción del hecho.
“El fiscal (Sergio Salisky) ha recortado
arbitrariamente la plataforma fáctica al omitir la circunstancia agravante de
alcoholemia acreditada en el legajo mediante un acta cuya validez el mismo no
ha puesto en crisis”, expresó.
EL PLANTEO DE LAS
QUERELLAS Y LA PENA ACORDADA
La
resolución deja constancia de que ambas querellas se opusieron al acuerdo
porque entendieron que no contemplaba todas las circunstancias relevantes
acreditadas durante la investigación.
Además de
reclamar la inclusión de la alcoholemia, cuestionaron la pena convenida entre
la Fiscalía y la defensa, a cargo del doctor Guillermo Cullen -también abogado
del exgobernador Sergio Urribarri-, al considerar que debía ubicarse por encima
del mínimo previsto para el delito.
El acuerdo
proponía para Azogaray tres años de prisión de cumplimiento condicional, cinco
años de inhabilitación especial para conducir vehículos y reglas de conducta
durante tres años.
La jueza
consideró que la omisión de la alcoholemia también impedía realizar un control
adecuado sobre la proporcionalidad de esa pena.
En ese
sentido, dejó una consideración particularmente importante: “La omisión resulta
relevante aunque la escala penal no varíe, pero a la hora de merituar la pena
aplicable no es lo mismo infringir una norma de cuidado que infringir dos de
manera simultánea”.
De esta
manera, explicó que la valoración de las circunstancias concretas del hecho no
puede quedar reducida a la existencia de una figura penal y una pena acordada
entre las partes, sino que debe reflejar adecuadamente cómo ocurrió el episodio
y cuál fue la conducta atribuida al acusado.
También
sostuvo que los familiares de la víctima tienen derecho a que una eventual
sentencia condenatoria refleje fielmente las circunstancias del hecho.
“Suprimir de
la declaración de culpabilidad un dato objetivo y grave como los 1,64 g/l de
alcohol en sangre altera la verdad histórica”, afirmó.
LA JUEZA SOSTUVO QUE NO
PODÍA HOMOLOGAR EL ACUERDO
En otro
tramo de la resolución, Benedetti explicó los alcances de sus facultades como
jueza de Garantías dentro del sistema acusatorio y recordó que los acuerdos
entre la Fiscalía y la defensa no están exentos del control jurisdiccional.
En particular,
señaló que el procedimiento abreviado no habilita negociaciones irrestrictas
sobre la calificación jurídica de los hechos y que los magistrados tienen la
facultad de rechazar un acuerdo cuando consideran necesario un mayor
conocimiento de las circunstancias o encuentran una discrepancia fundada con la
calificación legal propuesta.
La
magistrada aclaró que no le corresponde sustituir al Ministerio Público Fiscal
ni forzar la realización de un juicio oral cuando las partes acuerdan una
solución alternativa dentro de los márgenes legales. Sin embargo, remarcó que
sí tiene la obligación de controlar que esos acuerdos respeten la legalidad y
las garantías de las partes.
En ese
marco, fue especialmente crítica con la manera en que se había delimitado la
acusación: “Si bien el Ministerio Público Fiscal posee la titularidad de la
acción no puede mutilar los hechos acreditados para encuadrarlos en una figura
más benigna y así forzar un acuerdo y una condena condicional”.
La jueza
concluyó que la controversia entre la defensa, la Fiscalía y las querellas
sobre el valor de la prueba de alcoholemia requería un ámbito procesal adecuado
para su discusión.
Al respecto,
sostuvo que “el debate oral es el único ámbito idóneo para dilucidar la prueba
y fijar la pena ajustada al hecho”, aunque también contempló la posibilidad de
una reformulación íntegra del acuerdo.
QUÉ RESOLVIÓ BENEDETTI
Finalmente,
la jueza decidió desestimar la solicitud de juicio abreviado presentada por las
partes, en los términos del artículo 481º del Código Procesal Penal de Entre
Ríos.
Además,
ordenó devolver las evidencias y la documentación al Ministerio Público Fiscal
para que continúe el trámite de la causa y dispuso la destrucción del incidente
que contenía el acuerdo rechazado.
La
resolución no constituye una sentencia condenatoria ni determina por sí misma
la responsabilidad penal definitiva de Azogaray. Lo que establece es que el
procedimiento abreviado, tal como había sido presentado, no reunía las
condiciones necesarias para recibir la homologación judicial.
La causa
deberá continuar su trámite, con la posibilidad de que la Fiscalía impulse un
nuevo acuerdo que contemple íntegramente las circunstancias del hecho o avance
hacia un debate oral en el que se discutan las pruebas y las responsabilidades
correspondientes.
