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La causa por el brutal caso de maltrato y crueldad animal que conmocionó a la vecina localidad de Santa Anita (departamento Uruguay) alcanzó una resolución judicial.
Mediante un acuerdo
de juicio abreviado realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, se
acordó una condena de ocho meses de prisión de ejecución condicional para H.J.O.,
iniciales del vecino acusado de infringir la Ley Nacional Nº 14.346 de
Protección contra el Maltrato y la Crueldad Animal.
La novedad
fue dada a conocer a Diario Villaguay por la abogada
Cecilia Domínguez, que durante varios años ejerció la profesión en la ciudad, quien
participó de la audiencia junto a integrantes de la organización Conciencia
Animal Entre Ríos, constituida como querellante en representación de los
intereses del perro que fue cruelmente asesinado.
Además de la
pena de prisión condicional, el convenio establece una serie de reglas de
conducta que deberá cumplir el imputado. Entre ellas, fijar domicilio,
abstenerse de contactar a los testigos, no cometer actos perturbatorios, la
prohibición de tener animales convivientes o bajo su guarda y la continuidad
del tratamiento psicológico y psiquiátrico.
El hecho
ocurrió tiempo atrás en Santa Anita y provocó una profunda conmoción. La
difusión de las imágenes y las circunstancias en que el animal fue ahorcado
generaron una fuerte indignación social y un amplio reclamo de justicia por
parte de vecinos, organizaciones proteccionistas y usuarios de redes sociales.
La
investigación también marcó un antecedente histórico para la provincia, ya que
por primera vez la Justicia entrerriana dispuso la prisión preventiva de un
acusado por un hecho de maltrato y crueldad animal, una decisión que fue
destacada por las organizaciones dedicadas a la protección de los animales.
Al informar
el resultado de la audiencia, la doctora Domínguez reconoció que para muchas
personas la pena puede resultar escasa. Sin embargo, recordó que la Ley Nº 14.346
establece una pena máxima de un año de prisión para este tipo de delitos.
“Si bien
para muchos la pena es muy escasa, y es cierto, debemos recordar que el máximo
de la escala penal de la Ley Nº 14.346 es de hasta un año de prisión”, señaló
la letrada, quien insistió en la necesidad de impulsar una reforma que
incremente las penas para los delitos de maltrato y crueldad animal.
Con esta
resolución, la causa llega a una instancia clave y vuelve a poner en agenda el
debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones previstas para quienes
cometen actos de violencia contra los animales, un reclamo que desde hace años
sostienen organizaciones proteccionistas de Entre Ríos y de todo el país.
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