DOCENTE RURAL ALZA LA VOZ: “LOS DERECHOS LABORALES NO DESAPARECEN CUANDO CRUZAMOS LA TRANQUERA”

El director de la Escuela Nº 109 “Granaderos de San Martín” de Lucas Norte, Ramón Fernández, compartió con Diario Villaguay una carta abierta dirigida a la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay y a supervisores, en la que expone una serie de planteos vinculados con las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente en ámbitos rurales.

Fernández, quien además se desempeña como secretario general de la CTA de los Trabajadores por el departamento, explicó al comienzo de su escrito que decidió hacerlo público luego de reflexionar sobre una situación que, según considera, excede su caso particular.

“Hay veces en que escribir deja de ser una elección y se transforma en una necesidad”, expresó. Y agregó: “Necesidad de decir lo que muchos sienten y pocos se animan a expresarse. Necesidad de poner palabras allí donde durante demasiado tiempo hubo silencio”.

Con el título “Cuando cumplir con la escuela también significa cuidar a quienes la sostienen”, el docente puso el foco en las particularidades de la educación rural y en las dificultades que, según describe, enfrentan los trabajadores para llegar diariamente a sus lugares de trabajo.

“La escuela rural no es un papel. No es una oficina. No es una casilla dentro de un sistema administrativo”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la realidad de estos establecimientos está vinculada con “los caminos de tierra, en las rutas deterioradas, en las distancias interminables, en el frío, en la oscuridad que llega temprano” y con situaciones en las que los docentes “muchas veces debemos hacer dedo para poder llegar o regresar de su lugar de trabajo”.

Fernández también hizo referencia a las consecuencias personales que implica para algunos trabajadores sostener la actividad en establecimientos alejados. “Está en dejar familias, hijos pequeños, madres, padres y hogares para garantizar que un grupo de niños y niñas tengan todos los días su derecho a la educación”, señaló.

EL PLANTEO SOBRE LA NORMATIVA

Uno de los ejes centrales de la carta está relacionado con la organización horaria y la aplicación de las normas en las escuelas rurales.

“Y, sin embargo, pareciera que cuando se habla de organización horaria, esas realidades desaparecen detrás de un escritorio”, manifestó el director, antes de cuestionar que muchas veces el debate quede limitado a “normativa”, “procedimientos” y “jerarquías”.

“Pero, ¿dónde queda la persona?”, preguntó.

En su escrito, Fernández mencionó específicamente el decreto Nº 526/75 y las disposiciones vigentes del Consejo General de Educación, y sostuvo que contemplan la posibilidad de realizar adecuaciones debidamente fundamentadas atendiendo a las características particulares de cada institución.

También vinculó esas disposiciones con el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 y con cuestiones relacionadas con “la seguridad, la salud, el transporte y las particularidades propias de los establecimientos educativos rurales”.

A partir de allí, formuló una serie de interrogantes: “¿Qué sucede cuando una institución rural plantea una educación fundada en su realidad concreta y esa realidad no es escuchada? ¿La normativa se aplica solamente cuando resulta conveniente? ¿La letra de la Ley puede convertirse en una barrera en lugar de ser una herramienta para resolver situaciones? ¿Puede interpretarse una norma desconociendo el contexto para el cual fue pensada?”.

Fernández aclaró que su planteo no apunta a obtener beneficios particulares. “No pedimos privilegios. Pedimos que se nos escuche”, sostuvo. Y agregó: “No solicitamos trabajar menos. Pedimos poder trabajar en condiciones razonables y seguras”.

También remarcó que, desde su perspectiva, el reclamo no implica resignar el cumplimiento del calendario escolar. “No queremos dejar de garantizar días de clases, todo lo contrario”, afirmó.

“TAMBIÉN SOMOS TRABAJADORES”

Otro de los puntos que atraviesa la carta es la reivindicación de los derechos laborales de quienes desempeñan tareas en escuelas rurales.

“Quienes trabajamos en la ruralidad sabemos perfectamente lo que significa sostener una escuela abierta y funcionando”, expresó Fernández. Según relató, los docentes continúan concurriendo aun “cuando el camino sea imposible de transitar”, tengan que “hacer dedo” o sepan que al terminar la jornada todavía les quedan kilómetros por recorrer para regresar a sus hogares.

“Muchas veces lo hacemos. Lo hacemos porque somos docentes. Lo hacemos porque detrás de cada alumno hay una familia y un derecho que garantizar”, escribió.

Pero inmediatamente planteó otra dimensión de esa tarea: “Pero también somos trabajadores. Y los derechos laborales no desaparecen cuando cruzamos la tranquera de una escuela rural”.

CRÍTICAS AL ROL DE LA SUPERVISIÓN

La carta también contiene cuestionamientos respecto del papel que, según Fernández, debería desempeñar la supervisión escolar.

“Supervisar no debería significar solamente controlar. Supervisar también significa acompañar, orientar, asesorar, mediar y ayudar a encontrar soluciones”, sostuvo.

El director consideró que quienes conocen la realidad de la ruralidad deberían comprender “las dificultades que existen detrás de cada jornada escolar” y manifestó que le resulta particularmente difícil cuando, según su mirada, las respuestas terminan reducidas a cuestiones administrativas sin una instancia de diálogo.

“La supervisión no debería convertirse en una pared entre el docente y la autoridad. Debería ser un puente”, afirmó.

Para Fernández, ese puente debería permitir “llevar la voz de la escuela hacia quienes toman decisiones”. En ese marco, sostuvo que cuando un docente presenta una situación concreta y fundamentada, “no está desafiando a la autoridad, está ejerciendo su derecho a peticionar y a buscar una solución administrativa”.

CUESTIONAMIENTO AL CONTROL ADMINISTRATIVO

En otro tramo del escrito, Fernández planteó su preocupación por lo que considera un exceso de controles sobre los docentes.

“La burocracia no puede convertirse en hostigamiento”, expresó. Y señaló que “cuestiones propias de la función administrativa comiencen a sentirse como mecanismo permanente de control”.

Entre otras situaciones, mencionó “preguntar reiteradamente si el docente está en la escuela, controlar cada movimiento, observar cada planteo como si fuera una falta y transformar una situación laboral en una cuestión personal”.

Según su planteo, ese tipo de prácticas “no contribuye a mejorar la educación”.

“La autoridad debe ejercerse con responsabilidad. El control debe tener límites. Y el respeto debe ser recíproco”, sostuvo.

En contraposición, afirmó: “Una escuela no se construye desde el miedo. Una escuela se construye desde la confianza, el diálogo y la responsabilidad”.

AUTOCRÍTICA HACIA LOS PROPIOS TRABAJADORES

Fernández también dedicó parte de su carta a una autocrítica hacia los trabajadores de la educación, a quienes señaló por haber naturalizado determinadas situaciones.

“Durante demasiado tiempo los trabajadores de la educación hemos aprendido a callar”, manifestó.

Enumeró como posibles motivos “el miedo a un acta”, “el temor a una sanción”, la sensación de que “nada va a cambiar” y la repetición de una frase que calificó como “peligrosa”: “Siempre fue así”.

“Y cuando todos callamos, la arbitrariedad encuentra terreno fértil”, expresó.

En ese sentido, planteó que también corresponde preguntarse “cuánto de esa realidad hemos permitido, por permanecer en silencio”.

Para el director, expresar un reclamo no debería interpretarse como una falta de respeto o un desafío a la autoridad. “Reclamar no significa faltar el respeto. Preguntar no significa desafiar. Presentar una nota no significa alterar una jerarquía. Pedir que se cumpla la normativa no significa desconocer la autoridad”, enumeró.

Y vinculó esa posición con la propia función educativa: “Ser docente también es enseñar con el ejemplo y difícilmente podamos enseñar ciudadanía, derechos, participación y pensamiento crítico si nosotros mismos tenemos miedo a ejercerlos”.

“NO QUEREMOS PRIVILEGIOS, QUEREMOS DERECHOS”

Hacia la parte final de la carta, Fernández volvió sobre una de las ideas centrales de su planteo.

“No queremos privilegios. Queremos derechos”, sostuvo.

Y agregó: “No queremos una escuela rural sin reglas. Queremos reglas que contemplen la ruralidad”.

También reclamó “autoridades que ejerzan su autoridad con diálogo, razonabilidad y respeto por quienes sostienen diariamente el sistema educativo”.

En cuanto a la supervisión, afirmó: “No queremos supervisores ausentes. Queremos supervisores que acompañen”.

“No queremos enfrentamientos. Queremos respuestas”, continuó. Y planteó que las notas presentadas por los docentes no deberían quedar simplemente archivadas: “Queremos que sean leídas, analizadas y contestadas en tiempo y forma”.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que plantear una situación laboral pueda transformarse en un antecedente negativo para quien realiza el reclamo.

“Porque decir lo que sucede no debería ser una falta”, afirmó.

“NO ESCRIBO DESDE EL ODIO”

Fernández reconoció que la carta podría generar incomodidad o ser interpretada como un cuestionamiento a las autoridades, pero buscó precisar desde qué lugar decidió escribirla.

“Tal vez esta carta genere incomodidad, tal vez alguien considere que se está cuestionando demasiado”, expresó.

Sin embargo, remarcó: “No escribo desde el odio. Escribo desde el cansancio”.

“No escribo para ofender. Escribo para ser escuchado”, agregó.

Y aclaró que su planteo tampoco apunta contra la educación pública: “No escribo contra la escuela pública. Escribo porque creo profundamente en ella”.

En ese sentido, planteó una reflexión sobre el funcionamiento del sistema educativo: “Una educación que enseña a pensar no debería ser castigar a quienes piensan. Una institución que enseña derechos no debería incomodarse cuando sus trabajadores lo ejercen”.

También sostuvo que una administración que afirma cumplir con la legislación debería estar dispuesta a escuchar cuando un trabajador plantea que “una determinada interpretación puede estar desconociendo el espíritu de las normas y las particularidades concretas de una escuela”.

LLAMADO AL DIÁLOGO

En el cierre, el director de la Escuela Nº 109 de Lucas Norte insistió en que su objetivo no es confrontar, sino abrir una instancia de diálogo.

“La ruralidad no pide lástima. Pide reconocimiento”, afirmó. “Los docentes rurales no pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca nuestro trabajo”.

Y agregó que quienes trabajan en esas condiciones también tienen derecho a plantear sus propias necesidades después de haber resignado “familias, hijos pequeños, tiempo personal y tranquilidad” para garantizar el funcionamiento de las escuelas.

“Nosotros también importamos”, expresó.

Finalmente, Fernández pidió que su carta sea interpretada como “una invitación” a “dialogar”, “revisar”, “escuchar”, “acompañar” y “construir una administración educativa donde la normativa no sea utilizada como un número, sino como una herramienta para encontrar soluciones”.

“Porque la autoridad puede ordenar. Pero la verdadera autoridad también sabe escuchar”, sostuvo.

Y cerró su carta con un pedido concreto: “No pedimos que nos den la razón. Pedimos algo más sencillo: que nos escuchen”.

“Y cuando una escuela rural levante la voz, quienes tienen la responsabilidad de conducir la educación no miren hacia otro lado”, añadió.

“Porque detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada horario hay una familia. Detrás de cada escuela rural hay una comunidad. Y detrás de cada docente, que sigue llegando, aun cuando todo cuesta el doble, hay una historia que merece ser respetada”.

Fernández concluyó: “No queremos privilegios. No queremos silencios. No queremos miedos. Queremos una educación pública, derechos laborales, diálogo y respeto”.

“Porque defender la escuela pública también significa defender a quienes todos los días la mantenemos de pie”, finalizó.