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El Juzgado de Garantías resolvió aplicar la suspensión del juicio a prueba en una causa en la que un joven de 28 años se encontraba imputado por un presunto robo agravado y daño, por lo que deberá cumplir una serie de obligaciones durante un año y seis meses para evitar la realización del juicio oral.
La decisión
fue adoptada el pasado 4 de agosto
en una audiencia desarrollada en los tribunales locales, según consta en el
acta a la que accedió Diario Villaguay.
La
resolución fue tomada por la jueza Nadia
Benedetti, con la intervención de la fiscal Virginia Dropsi, la defensora Norma Viollaz y la querellante particular Delfina Lobbosco.
El
expediente corresponde a la causa caratulada “Galeano, Alcides Ezequiel - Cabrera, Silvio Rafael S/ Robo Agravado”,
aunque la suspensión del proceso fue dispuesta respecto de Galeano.
Según surge
del acta judicial, al imputado se le atribuye la presunta comisión de los
delitos de robo agravado por el uso de
llave verdadera y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, además
de daño, previstos en los artículos 163º incisos 3º y 6º, y 183º del
Código Penal.
LAS CONDICIONES
IMPUESTAS
Como parte
del beneficio otorgado, la Justicia estableció distintas reglas de conducta que
deberán ser cumplidas durante el plazo fijado.
Entre ellas,
Galeano deberá mantener domicilio en Lucas
Sud Segunda, Barrio El Chuzazo, informando cualquier modificación y
contando con autorización judicial para efectuar cambios.
Además,
deberá realizar tareas comunitarias
durante 12 meses en la Escuela Nº 15 de Lucas Sud Segunda, con una carga
de cuatro horas mensuales, cuyo
cumplimiento será supervisado por la Oficial de Prueba Jurisdiccional.
Otro de los
compromisos establecidos consiste en una reparación económica de 50 mil pesos a favor de la víctima de la
causa, monto que deberá acreditar ante la autoridad de control correspondiente.
CONTROL DURANTE EL
PLAZO ESTABLECIDO
La Oficina
de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de
Justicia, a través de la Oficial de Prueba Jurisdiccional, tendrá a su cargo el
seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas y deberá informar
periódicamente a la Justicia.
La
suspensión del juicio a prueba implica que el proceso queda detenido mientras
el imputado cumple las pautas fijadas. En caso de cumplirlas durante el plazo
establecido, podrá extinguirse la acción penal; si incumple alguna de las
obligaciones, la Justicia puede dejar sin efecto el beneficio y la causa
continuar su curso.
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