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Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Villaguay propone retomar y encauzar una iniciativa habitacional que acumula antecedentes administrativos y sociales desde 2008, con el objetivo de avanzar hacia la regularización y posterior adjudicación de lotes destinados a familias que necesitan acceder a una vivienda propia.
La
iniciativa fue presentada por la concejal del bloque oficialista, Más para
Entre Ríos, Claudia Jeckeln, y lleva además las firmas de sus pares Dina Díaz,
Augusto Velázquez, José Barhich, Patricia Martínez, Lina Galeano y Alejandro
López, es decir representantes de los tres bloques que integran el cuerpo. El
expediente interno es el Nº 1276/26 y fue remitido a la Comisión de Estudios de
Legislación General, Presupuesto, Hacienda, Ciencia, Tecnología y Producción
para su tratamiento.
Según pudo
conocer Diario Villaguay, el proyecto toma como punto de partida el
expediente Nº 39.005, las actuaciones administrativas iniciadas el 23 de junio
de 2008, la ordenanza Nº 1052 sancionada el 23 de octubre de ese año y los
decretos Nº 708/2008 y Nº 927/2009.
También
incorpora como antecedente una presentación realizada el 25 de junio de 2026
por representantes de la Confederación General del Trabajo Regional Villaguay,
mediante la cual se solicitó conocer el estado administrativo y legal del
inmueble, regularizar la documentación y concretar la entrega efectiva de los
lotes.
UN LOTEO PREVISTO HACE
CASI DOS DÉCADAS
El proyecto
recuerda que en 2008 se había identificado un inmueble de aproximadamente 7500
metros cuadrados, correspondiente a la manzana B, parte de la quinta Nº 124,
matrícula Nº 106.670, remanente del exmatadero municipal, contemplándose
originalmente un loteo de 32 parcelas.
La nueva
iniciativa plantea mantener aquella finalidad habitacional, aunque deja
expresamente establecido que la cantidad y configuración definitiva de los
terrenos quedará supeditada a la mensura, la normativa urbanística y la
factibilidad técnica vigente.
Uno de los
aspectos centrales del proyecto es que antes de cualquier adjudicación deberá
determinarse con precisión la situación jurídica y registral del inmueble.
En ese
sentido, el texto establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá
incorporar, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la promulgación de la
eventual ordenanza, un informe integral que determine la titularidad registral,
condición jurídica y disponibilidad del inmueble, matrícula, nomenclatura
catastral, superficie, mensura, subdivisiones, gravámenes, restricciones,
ocupaciones, factibilidad urbanística y situación de los servicios esenciales.
El proyecto
es categórico al señalar: “Ninguna adjudicación de transferencia dominial podrá
instrumentarse antes de acreditarse que la parcela respectiva integra el
dominio privado municipal y se encuentra legalmente disponible”.
Además, si
se determina que el inmueble o alguna de sus parcelas no se encuentra inscripto
a nombre del municipio, el Ejecutivo deberá iniciar las actuaciones
administrativas, registrales y judiciales correspondientes para esclarecer,
regularizar o recuperar su disponibilidad jurídica.
NO SE CONSTRUIRÁN
VIVIENDAS CON FONDOS MUNICIPALES
Otro punto
importante de la iniciativa es que el programa no contempla que la municipalidad
construya las casas. La propuesta consiste en adjudicar los terrenos para que
cada beneficiario lleve adelante la construcción de su vivienda por sus propios
medios.
Los
fundamentos explican que “la modalidad propuesta no consiste en la ejecución de
vivienda por parte del Estado municipal, sino en la adjudicación de lotes, para
que cada beneficiario construya su vivienda única, familiar y de ocupación
permanente, por esfuerzo propio y bajo su exclusiva responsabilidad”.
En el
articulado se establece que la construcción estará a cargo exclusivo de cada
adjudicatario, quien podrá ejecutarla por esfuerzo propio, administración
directa o mediante contratación particular, utilizando sus propios recursos.
A su vez, la
municipalidad no asumiría la construcción, financiación, provisión de
materiales ni contratación de mano de obra, aunque el proyecto contempla que
pueda brindar asistencia técnica, administrativa o social dentro de sus
competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
QUIÉNES PODRÍAN ACCEDER
El programa
estaría destinado prioritariamente a personas incluidas en los relevamientos
sociales vinculados a la CGT Regional Villaguay y a las organizaciones
sindicales que participaron de las actuaciones previas.
Sin embargo,
el proyecto aclara que esos antecedentes no implicarán una adjudicación
automática ni un derecho adquirido.
Entre los
requisitos mínimos, se establece que los postulantes deberán acreditar
residencia efectiva en la ciudad, no ser titulares, cotitulares ni poseedores
con aptitud suficiente de otro inmueble destinado a vivienda y demostrar una
necesidad habitacional mediante una evaluación social actualizada.
También
deberán demostrar una capacidad razonable para iniciar y sostener la
construcción por esfuerzo propio, aunque el proyecto aclara que esto “no
excluya a hogares vulnerables que puedan acreditar un plan viable de ejecución”.
El terreno y
la futura vivienda deberán estar destinados exclusivamente a residencia única,
familiar y permanente.
LISTADOS PÚBLICOS Y
CRITERIOS DE PRIORIDAD
La propuesta
incorpora además un mecanismo de transparencia para definir quiénes serán
finalmente los beneficiarios.
La autoridad
de aplicación deberá confeccionar un listado provisorio de postulantes
admitidos, indicando el criterio de evaluación utilizado y resguardando los
datos personales sensibles. Ese listado deberá publicarse durante diez días
hábiles en los medios oficiales municipales, período durante el cual se podrán
presentar observaciones o documentación.
Posteriormente,
se elaborará el listado definitivo y se elevará al Concejo Deliberante junto
con la individualización catastral de cada lote para autorizar las
adjudicaciones correspondientes.
El proyecto
propone que la reglamentación establezca una “matriz pública y objetiva” para establecer
prioridades. Entre los criterios, se mencionan la ausencia de vivienda propia,
la composición y vulnerabilidad del grupo familiar, la presencia de niños,
personas mayores o personas con discapacidad, las condiciones habitacionales
actuales, la antigüedad de la necesidad, la residencia, los ingresos y la
viabilidad del plan de construcción.
En caso de
igualdad sustancial, incluso podría establecerse un sorteo público.
10 AÑOS SIN VENDER,
ALQUILAR O CAMBIAR EL DESTINO
La
iniciativa también busca evitar que los terrenos terminen siendo utilizados con
fines especulativos.
Durante los
diez años posteriores a la escrituración, el lote y la vivienda no podrían
venderse, cederse, donarse, permutarse, alquilarse, abandonarse ni destinarse a
una finalidad diferente de la vivienda única, familiar y permanente, salvo
autorización excepcional y fundada del Concejo.
El
incumplimiento de las condiciones, la falsedad de datos, la falta injustificada
de inicio o avance de obra, la especulación o el abandono podrían derivar en la
revocación de la adjudicación o la reversión del dominio, garantizando
previamente el derecho de audiencia y defensa.
Los plazos
para construir también quedarían establecidos: la obra debería comenzar dentro
de los 12 meses y alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad dentro de los 24
meses, contados desde la entrega efectiva de la posesión, siempre que el
terreno reúna las condiciones legales y materiales necesarias.
El proyecto
contempla una eventual prórroga de hasta 12 meses, por única vez y mediante
resolución fundada, ante razones económicas, familiares, de salud, fuerza mayor
o demoras que no sean imputables al adjudicatario.
SEGUIMIENTO Y CONTROLES
CADA 60 DÍAS
La propuesta
no se limita a establecer el mecanismo de adjudicación. También crea una Mesa
de Seguimiento integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo
Deliberante, a la que se invitaría a participar a la CGT Regional Villaguay y a
las organizaciones sindicales involucradas.
La primera
reunión debería realizarse dentro de los 45 días hábiles y tendría como
objetivo supervisar la regularización, la actualización de beneficiarios, la
infraestructura, los plazos y la entrega efectiva de los lotes.
Además, el
Ejecutivo debería remitir al Concejo un informe de avance cada 60 días corridos
hasta la entrega efectiva de los terrenos, detallando las actuaciones
dominiales y catastrales, el estado de la mensura y los servicios, la
evaluación de postulantes, los obstáculos detectados y los próximos pasos.
EL OBJETIVO: REEMPLAZAR
EL ESQUEMA DE 2008
En sus
fundamentos, la iniciativa plantea que resulta necesario dejar atrás el esquema
establecido en 2008 y reemplazarlo por un procedimiento municipal directo de
regularización y adjudicación.
El texto
sostiene que “las actuaciones vinculadas al expediente número 39.005 poseen
antecedentes administrativos, legislativos y sociales concretos acumulados
desde el año 2008, cuya finalidad habitacional no llegó a materializarse”.
Y agrega que
“el contexto económico y social actual exige una respuesta municipal urgente,
concreta y verificable”.
La
iniciativa busca así recuperar aquellos antecedentes, actualizar los
relevamientos y establecer un procedimiento con requisitos, controles, plazos y
responsabilidades definidos, aunque dejando condicionada cualquier
transferencia a que previamente se acredite la titularidad municipal y la
aptitud legal de los terrenos.
Por el
momento, el proyecto se encuentra en tratamiento en comisión del Concejo
Deliberante y deberá atravesar las instancias correspondientes antes de una
eventual sanción.
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