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El gobierno de Entre Ríos reconoció formalmente una deuda por $45.313.445,09 contraída durante 2025 por el Instituto de Formación Penitenciaria de Villaguay, dependiente de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
La medida quedó
establecida mediante el decreto Nº 2353, firmado por el gobernador Rogelio
Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y publicado
en el Boletín Oficial de Entre Ríos. Diario Villaguay tuvo acceso al
documento, en el que se detallan los motivos por los cuales la administración
provincial decidió reconocer y afrontar ese compromiso económico.
Según surge
de los antecedentes incorporados al expediente, la deuda se originó por contrataciones
de diferentes bienes y servicios realizadas entre los meses de mayo y
septiembre de 2025 por el Instituto de Formación Penitenciaria de Villaguay.
El
expediente contiene una planilla con el detalle de la deuda y su
correspondiente imputación presupuestaria, además de documentación vinculada
con los gastos efectuados y un detalle de las facturas emitidas por los
distintos proveedores.
DEUDA GENERADA DURANTE
CINCO MESES
Uno de los
documentos incorporados a las actuaciones es una nota firmada por el director
general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dirigida al ministro de
Seguridad y Justicia, en la que se hace referencia específicamente a la deuda
contraída por el Instituto de Formación Penitenciaria de Villaguay durante el
período comprendido entre mayo y septiembre de 2025.
Posteriormente,
el director de Administración de la Dirección General del Servicio
Penitenciario emitió un informe técnico en el que, además de informar sobre la
deuda, explicó los motivos que dieron lugar al procedimiento de reconocimiento.
El
expediente también pasó por las áreas legales del Ministerio de Seguridad y
Justicia y del propio Servicio Penitenciario, recibió la autorización del
ministro para continuar con el trámite y tuvo intervención de la Contaduría
General de la provincia.
Finalmente,
se incorporó una reserva presupuestaria por el monto total de $45.313.445,09,
debidamente intervenida por el organismo de control contable provincial.
¿POR QUÉ EL GOBIERNO
TUVO QUE RECONOCER LA DEUDA?
Uno de los
aspectos centrales del decreto es la explicación jurídica utilizada para
habilitar el pago.
El gobierno provincial
señala que el reconocimiento del gasto encuentra sustento en la denominada
teoría del “legítimo abono”, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación, junto con el principio que
impide el enriquecimiento sin causa.
En términos
sencillos, esta figura permite que el Estado reconozca y pague prestaciones que
efectivamente fueron realizadas, aun cuando no exista un vínculo contractual
válido que respalde formalmente ese gasto.
El decreto
lo expresa de la siguiente manera: “La Administración autoriza el pago de
prestaciones efectivamente cumplidas, aun cuando no exista un vínculo
contractual válido que respalde formalmente el desplazamiento patrimonial
correspondiente”.
Sin embargo,
la propia Provincia deja expresamente asentado que este mecanismo tiene
carácter excepcional y restrictivo.
En ese
sentido, la Secretaría Legal y Técnica advirtió que el reconocimiento de gastos
no debe transformarse en una práctica habitual para ejecutar gastos públicos al
margen de los procedimientos establecidos legalmente.
BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE
UTILIZADOS
El decreto
sostiene que, en este caso particular, no podía desconocerse que los bienes
fueron efectivamente provistos y utilizados en la gestión penitenciaria y que
los respectivos servicios fueron prestados.
A partir de
esa constatación, el Ejecutivo consideró necesario avanzar con el
reconocimiento de las facturas para evitar que el Estado obtuviera un beneficio
sin causa y, al mismo tiempo, generar un perjuicio económico a los proveedores.
El argumento
también está vinculado directamente con el funcionamiento del sistema
penitenciario. El decreto señala que el Estado tiene la obligación de
garantizar el adecuado funcionamiento de estos establecimientos y cubrir las
necesidades básicas de la población carcelaria.
Por ese
motivo, y con el objetivo de preservar esos aspectos y asegurar la continuidad
del servicio, el gobierno resolvió avanzar con el pago de aquellas facturas
cuyas prestaciones fueron corroboradas por el Servicio Penitenciario de Entre
Ríos.
QUÉ RESOLVIÓ FRIGERIO
En el artículo
1º, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso reconocer el gasto contraído entre
mayo y septiembre de 2025 por el Instituto de Formación Penitenciaria de
Villaguay, por un total de $45.313.445,09, correspondiente a contrataciones de
distintos bienes y servicios prestados por diversas firmas comerciales.
El decreto
establece que el detalle de esas operaciones figura en el Anexo I, identificado
como IF-2026-00137920-GER-MSYJ.
A su vez, el
artículo 2º determina la imputación presupuestaria correspondiente, mientras
que el artículo 3º autoriza a la Dirección Principal de Administración de la
Dirección General del Servicio Penitenciario a emitir las órdenes de pago,
solicitar los fondos a la Tesorería General de la provincia y concretar los
pagos correspondientes.
Una vez
realizados, esos pagos deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas de
Entre Ríos.
De esta
manera, una deuda originada en el Instituto de Formación Penitenciaria de
Villaguay durante cinco meses de 2025 quedó formalmente reconocida por el gobierno
provincial y habilitada para su cancelación, mediante un procedimiento que el
propio decreto caracteriza como excepcional.
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