En una postura similar a la del Consorcio de Viviendas de Villaguay (ver aparte), el jefe zonal de Arquitectura, Mario Lemes, sostuvo ayer que la venta de casas sociales por parte de sus adjudicatarios obedece a "la cultura y la moral de cada uno", que es "imposible de medir" en los estudios socioeconómicos previos.
Entrevistado por Juan Manuel Fabricius en Radio Municipal, el arquitecto confirmó que algunos beneficiarios han intentado vender sus viviendas a través de Facebook y otros medios, pero dijo que eso no implica que no hayan tenido necesidad de contar con sus respectivos inmuebles.
No obstante, recalcó que se "debería haber límites dentro de lo legal" no sólo para quienes intentan vender esas propiedades sino también para quienes están dispuestos a comprarlas. También pareció decir que esos límites ya existen, pues "ha habido que desalojar a una o dos familias por traspaso ilegal" de viviendas.
Según Lemes, se trata de problemas que "no son ajenos a cualquier plan del IAPV u otros programas".
En cuanto a los motivos que llevan a algunas familias a vender el único lugar propio donde podrían vivir, dijo que "tal vez valoran irse a otro lado" y, en general, se trata de un asunto que depende del "nivel de problemas" de esa gente y de "la cultura de cada uno".
"Si hubiera querido"
En otro orden, Lemes sostuvo que "si la Nación hubiera querido", ya estarían terminadas las viviendas del programa actual del Consorcio de Villaguay, y también de otros, incluso "del color de ellos" o en localidades "con intendentes de ellos". Sin embargo, "no ha pasado así".
El arquitecto también recordó que durante el inicio de esos planes "hubo inconvenientes para conseguir mano de obra" porque muchos albañiles suponían que iban a perder la asignación por hijo si ingresaban a esa actividad.
Finalmente, después de mucho esfuerzo, las cooperativas se pusieron en funcionamiento y empezaron a trabajaran normalmente. Pero ahora, según Lemes, esos avances se han perdido, pues "ni bien surge algún problema con la AFIP, se da de baja todo enseguida" y luego "no es fácil volver a armar" el grupo de trabajo. Esa situación obligaría a muchos obreros a dejar de estar en blanco en las cooperativas para pasarse a empleos en negro en construcciones privadas.
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La selección de los adjudicatarios
La semana pasada, el Consorcio de Viviendas de Villaguay atribuyó a "cuestiones culturales" el hecho de que algunos adjudicatarios de viviendas sociales decidan "infringir las normas y poner en riesgo la tenencia de sus casas, ofreciéndolas en venta o alquiler".
Respondió así a unas declaraciones del delegado en la provincia de la Secretaría de Vivienda de la Nación, arquitecto Luis Uriona, quien había afirmado que la venta de los inmuebles por parte de los beneficiarios dejaba en evidencia que sus necesidades habitacionales no eran tan grandes y que habían sido elegidos de manera incorrecta por los profesionales encargados de firmar los informes socioeconómicos en el inicio del proceso.
Ante esa opinión, el Consorcio salió a aclarar que "los listados de adjudicatarios se confeccionaron de acuerdo a su condición socioeconómica a partir de un estudio realizado por una licenciada en trabajo social".
"Si queda alguna duda al respecto, invitamos a quienes lo deseen y al propio funcionario Uriona, a recorrer las viviendas y comprobar si en alguna de ellas reside alguna persona que, por su holgadez económica, no hubiera merecido ser beneficiario", remarcó la entidad en una solicitada.
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