Claro, en Argentina, un país adherido al asistencialismo que no deja educarse para pensar, analizar y ser criteriosos, inmerso en prácticas populistas que derivan en políticas de cotillón, los lineamientos estratégicos para cumplir los mandatos del derecho internacional a los que Argentina legalmente adhirió, hoy podemos decir que son claramente un fracaso.
El relato gubernamental, es solo eso, una narrativa mentirosa que pone de relieve aquello, que imaginándonos ingenuos pretenden que creamos. Que creamos en la eficiencia del infernal sistema creado para la protección de las mujeres vulnerables por su condición de víctimas de violencia de género. Solo negándonos a ver la realidad podríamos creer tan perverso discurso.
Los datos nos permiten sin titubeos asegurar que toda la estructura judicial y administrativa que se ha desarrollado con el supuesto objetivo de cumplir con las premisas del derecho internacional comprometido es un fracaso.
Sin temor a equivocarnos podemos asegurar que un amplísimo porcentaje de las mujeres que ingresan en el sistema judicial buscando la protección necesaria para fortalecerse y reconstruir su vida desde otra concepción de sí mismas, sufren ahora una doble victimización, la del victimario que originó la acción y la del sistema judicial.
En el Tomo I del Tratado de Géneros y Justicia editado por Rubinzal Culzoni Editores, año 2020 la Dra. Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal y coordinadora del Programa Feminismo y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) cita datos que son estremecedores. Los incluimos en la presente dado que la sociedad debe nutrirse de información, no de narrativas.
La Dra. Arduino extrae los datos que corresponden al informe elaborado en 2018 por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este informe fue elaborado con base en una muestra de hechos que implicaban violencia entre parejas y ex parejas cuyas denuncias datan de 2015 y su seguimiento se realizó hasta 2017, y da cuenta de que en el 40,8% del total de los casos la persona acusada fue sobreseída, es decir liberada de culpa y cargo.
Este datos es llamativo dado que la Oficina de Asistencia a la Víctima había calificado a la mitad de estos casos como de alto riesgo y a algunos menos como de altísimo riesgo. El 30% de los casos fue archivado, es decir no hubo una condena ni un sobreseimiento, el 13,8% obtuvo el beneficio de la Suspensión del Proceso a Prueba y sólo en el 4% de los casos hubo condenas, a las que se llegó mediante la opción de juicio abreviado y en un caso a través de un juicio oral. De esas condenas apenas una fue de cumplimiento efectivo y el resto fueron penas en suspenso.
A lo largo de los procesos sólo el 72% de los denunciados fue citado y no concurrió a ese llamado el 40%; tampoco fueron llevados ante la justicia mediante la fuerza pública lo que si sucedió en el 28% de las víctimas que tomaron igual actitud.
También se advirtió una sustancial diferencia en cuanto a la práctica de pericias psicológicas, las que se realizaron al 10,2% de las víctimas, que aparece como cifra elevada al comparar a cuantos denunciados se les practico esta pericia siendo el 0%.
En cuanto al beneficio de la Suspensión del Proceso a Prueba fue rechazado solo al 21% de los imputados mientras que le fue otorgada al 79%.
Este es un primer y pequeño análisis que nos provoca interrogantes ¿fallan los operadores judiciales?, ¿fallan todos los sistemas previos de control social? o ¿el supuesto sistema de protección y sanción es simplemente un montaje de cotillón, como muchas otras construcciones populistas?
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MUJERES POR LA REPUBLICA
Movimiento de Acción Ciudadana
El relato gubernamental, es solo eso, una narrativa mentirosa que pone de relieve aquello, que imaginándonos ingenuos pretenden que creamos. Que creamos en la eficiencia del infernal sistema creado para la protección de las mujeres vulnerables por su condición de víctimas de violencia de género. Solo negándonos a ver la realidad podríamos creer tan perverso discurso.
Los datos nos permiten sin titubeos asegurar que toda la estructura judicial y administrativa que se ha desarrollado con el supuesto objetivo de cumplir con las premisas del derecho internacional comprometido es un fracaso.
Sin temor a equivocarnos podemos asegurar que un amplísimo porcentaje de las mujeres que ingresan en el sistema judicial buscando la protección necesaria para fortalecerse y reconstruir su vida desde otra concepción de sí mismas, sufren ahora una doble victimización, la del victimario que originó la acción y la del sistema judicial.
En el Tomo I del Tratado de Géneros y Justicia editado por Rubinzal Culzoni Editores, año 2020 la Dra. Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal y coordinadora del Programa Feminismo y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) cita datos que son estremecedores. Los incluimos en la presente dado que la sociedad debe nutrirse de información, no de narrativas.
La Dra. Arduino extrae los datos que corresponden al informe elaborado en 2018 por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este informe fue elaborado con base en una muestra de hechos que implicaban violencia entre parejas y ex parejas cuyas denuncias datan de 2015 y su seguimiento se realizó hasta 2017, y da cuenta de que en el 40,8% del total de los casos la persona acusada fue sobreseída, es decir liberada de culpa y cargo.
Este datos es llamativo dado que la Oficina de Asistencia a la Víctima había calificado a la mitad de estos casos como de alto riesgo y a algunos menos como de altísimo riesgo. El 30% de los casos fue archivado, es decir no hubo una condena ni un sobreseimiento, el 13,8% obtuvo el beneficio de la Suspensión del Proceso a Prueba y sólo en el 4% de los casos hubo condenas, a las que se llegó mediante la opción de juicio abreviado y en un caso a través de un juicio oral. De esas condenas apenas una fue de cumplimiento efectivo y el resto fueron penas en suspenso.
A lo largo de los procesos sólo el 72% de los denunciados fue citado y no concurrió a ese llamado el 40%; tampoco fueron llevados ante la justicia mediante la fuerza pública lo que si sucedió en el 28% de las víctimas que tomaron igual actitud.
También se advirtió una sustancial diferencia en cuanto a la práctica de pericias psicológicas, las que se realizaron al 10,2% de las víctimas, que aparece como cifra elevada al comparar a cuantos denunciados se les practico esta pericia siendo el 0%.
En cuanto al beneficio de la Suspensión del Proceso a Prueba fue rechazado solo al 21% de los imputados mientras que le fue otorgada al 79%.
Este es un primer y pequeño análisis que nos provoca interrogantes ¿fallan los operadores judiciales?, ¿fallan todos los sistemas previos de control social? o ¿el supuesto sistema de protección y sanción es simplemente un montaje de cotillón, como muchas otras construcciones populistas?
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MUJERES POR LA REPUBLICA
Movimiento de Acción Ciudadana
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