"El proyecto significa un grave retroceso institucional, ya que cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político", expresó la entidad en un comunicado.
"Los empresarios cristianos consideramos que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias", agregó.
"Los empresarios cristianos consideramos que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias", agregó.
Se refirió además al "asombro" que provocan las "negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad" para "determinar la suerte de un proyecto de ley que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República".
"Pensamos que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc.", recalcó la ACDE.
Estimó además que "esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa", ya que "sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión".
"En ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo", concluyó
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"Es una asociación de personas y no de empresas", aclaró, y remarcó además su propósito de "salvaguardar un crecimiento económico duradero en el contexto de la globalización, mediante la promoción de un conjunto de valores universales que son considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial".
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También se pronunció en contra la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación de Empresarios Cristianos (ACDE).
Todas esas entidades alertaron sobre el "peligro institucional" que encierra el proyecto que impulsa el gobierno y consideraron que es "inoportuno" promover una reforma que "genera crispación y divisiones" en medio de la pandemia.
"Pensamos que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc.", recalcó la ACDE.
Estimó además que "esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa", ya que "sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión".
"En ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo", concluyó
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¿Qué es ACDE?
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) "tiene como objetivo constituirse en un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresaria a la luz de los valores cristianos; y de acción, a través de su compromiso social en una labor empresarial regida por principios éticos y al servicio del bien común", informó la propia entidad en una nota de prensa."Es una asociación de personas y no de empresas", aclaró, y remarcó además su propósito de "salvaguardar un crecimiento económico duradero en el contexto de la globalización, mediante la promoción de un conjunto de valores universales que son considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial".
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Rechazo empresarial generalizado
Esta semana, el Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea unas 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, manifestó su rechazo al proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, que busca modificar la forma de designación y remoción del Procurador General.También se pronunció en contra la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación de Empresarios Cristianos (ACDE).
Todas esas entidades alertaron sobre el "peligro institucional" que encierra el proyecto que impulsa el gobierno y consideraron que es "inoportuno" promover una reforma que "genera crispación y divisiones" en medio de la pandemia.
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