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La reciente decisión de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, a través de la vocal María Fernanda Miotti -oriunda de Villaguay-, que ordena el cese de fumigaciones y fija amplias distancias mínimas para aplicaciones terrestres y aéreas de agroquímicos en zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera (departamento Diamante), provocó una inmediata y fuerte reacción en el ámbito agropecuario provincial.
El fallo,
dictado en el marco de dos acciones de amparo ambiental acumuladas -una
colectiva y otra individual- establece la prohibición de fumigaciones en áreas
próximas a urbanizaciones, fijando distancias de 1.095 metros para aplicaciones
terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas, en resguardo de la salud y
el ambiente de los vecinos afectados.
La
resolución judicial, que se apoya en el criterio del Superior Tribunal de
Justicia de Entre Ríos en precedentes recientes, fue destacada por su enfoque
preventivo y por priorizar la tutela del ambiente y la salud humana como bienes
constitucionalmente protegidos. En paralelo, la magistrada rechazó el pedido de
inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Buenas Prácticas en Materia de
Fitosanitarios Nº 11.178, al considerar que la normativa vigente no vulnera
derechos constitucionales.
Sin embargo,
el pronunciamiento judicial generó una inmediata respuesta crítica desde
sectores del agro. El director del Distrito III Entre Ríos de la Federación
Agraria Argentina, Matías Martiarena, cuestionó con dureza la resolución y la
calificó como “irracional”, en el marco de declaraciones realizadas tras su
participación en el evento “Pulso tierra” en Córdoba.
Martiarena
sostuvo que el fallo genera incertidumbre en la producción y cuestionó las
distancias establecidas para las aplicaciones, al tiempo que afirmó que
decisiones de este tipo afectan la previsibilidad del sector. En sus
expresiones, también planteó críticas al desempeño judicial y advirtió sobre el
impacto que este tipo de medidas podría tener en la inversión y la actividad
productiva en la provincia.
El dirigente
agropecuario vinculó además la situación con el debate sanitario global y
destacó la importancia de la articulación entre el Estado y los sistemas de
sanidad animal, en el marco de su reciente participación en la asamblea de la
Organización Mundial de Sanidad Animal.
En este
contexto, el fallo de la jueza Miotti se convirtió en el eje de una
controversia que vuelve a poner en discusión el alcance de las regulaciones
sobre el uso de agroquímicos, la protección de las comunidades rurales y el
equilibrio entre producción y ambiente en Entre Ríos.
La decisión
judicial, mientras tanto, continúa generando repercusiones cruzadas entre
sectores ambientales, jurídicos y productivos de la provincia.
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