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La Dirección de Comedores de Entre Ríos denunció la posible comisión de un ilícito en el manejo de los fondos destinados al comedor de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 3 “Héroes de Malvinas” de Villaguay.
La causa,
que quedó en manos del fiscal Sergio Salisky de la Unidad Fiscal local, busca
conocer la responsabilidad de la rectora del establecimiento educativo,
Antonela Mailen Weigant, responsable de la tarjeta Sidecreer en la que el Estado
provincial liquida los fondos para el funcionamiento del comedor.
“La presente
denuncia se formula en virtud de las irregularidades detectadas respecto de la
utilización de fondos públicos destinados a la prestación del servicio de Copa
de Leche, particularmente durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026”,
dice la denuncia.
Y agrega:
“Asimismo, solicito se disponga el inicio de la correspondiente investigación
penal preparatoria, a efectos de determinar el destino dado a los fondos
públicos acreditados, establecer si fueron utilizados para la finalidad
específica para la cual fueron otorgados y, en su caso, determinar las
responsabilidades penales que pudieran corresponder”.
El 9 de
junio de 2026 se confeccionó el acta de supervisión Nº 202, suscripta por la licenciada
Sara Angel, supervisora de ESJA Zona 5, y por la coordinadora de Comedores
Escolares del departamento, María José Miranda. En el acta se dejó constancia que
en el comedor escolar “no se venía prestando el servicio de Copa de Leche durante
los meses de abril y mayo de 2026, pese a encontrarse acreditados los fondos
correspondientes”.
Aun así, la institución
“habría consumido los fondos correspondientes a los meses de marzo, abril y
mayo de 2026”. Y tampoco “a la fecha no se habría presentado la correspondiente
rendición de los fondos utilizados, ni se habrían brindado explicaciones
atendibles respecto de las inconsistencias detectadas”.
“De este
modo -señala el escrito presentado en la Justicia-, de la documentación
administrativa reunida surge, prima facie, una situación que requiere
investigación penal: se habrían acreditado fondos públicos con una finalidad
específica -la prestación del servicio de Copa de Leche-, dichos fondos habrían
sido consumidos durante los meses indicados y, al menos respecto de abril y
mayo de 2026, el servicio no habría sido prestado, sin que hasta la fecha se
hubiera presentado la correspondiente rendición que permita determinar
documentalmente el destino concreto de los recursos”.
Y añade que
la “ausencia de prestación del servicio, conjuntamente con la utilización de
los fondos y la falta de rendición, impide establecer, en el estado actual,
cuál fue el destino efectivo de los recursos públicos involucrados”.
La suma que
transfirió el Estado y que no se rindió es de $2.340.000.
“Precisamente
por ello resulta necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal, a fin
de determinar mediante las medidas investigativas correspondientes si los
fondos fueron efectivamente aplicados a la finalidad para la cual fueron
otorgados o si, por el contrario, fueron desviados, utilizados en beneficio
propio o de terceros, o empleados de cualquier otra manera incompatible con su
destino específico”, plantea la denuncia (Entre
Ríos Ahora).
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